El exalcalde de Orxeta elegido por el PSPV-PSOE Vicente Llinares, para quien la fiscalía solicita un año de cárcel y diez de inhabilitación por un delito de prevaricación, aseguró ayer estar tranquilo ante dicha acusación porque está convencido de que no ha he hecho «nada».
El acusado realizó estas declaraciones a las puertas del juzgado de lo Penal 6 de Alicante, donde se iba a celebrar la vista oral que tuvo que suspenderse hasta el próximo 4 de febrero por un problema de salud del abogado de la acusación particular.
La fiscalía sostiene que Llinares permitió la instalación y el desarrollo de la actividad de una fábrica de hormigón en una parcela de la localidad que él mismo había vendido con anterioridad. Los hechos se remontan a finales de 1999 y la acusación pública también solicita dos años de cárcel y una multa para el empresario implicado, Hilario C.M., por un delito contra la ordenación del territorio. Según el escrito de acusación provisional de esta parte el administrador de la empresa Hormigones Orxeta SL instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta. El terreno era suelo no urbanizable de especial protección de monte y el empresario carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque esperaba obtenerla en un futuro próximo «de acuerdo con el alcalde», explica el fiscal del caso.
De hecho, la mercantil había comprado el terreno al entonces primer edil por 10 millones de pesetas (60.000 euros), de los que le adelantó 2 millones (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales.
