Uno de los centros escolares de referencia de la comarca en educación especial para niños, el CEIP Garganes de Altea, padece desde junio la falta de un educador para atender a niños con necesidades educativas especiales (NEE). En el centro, que por sus características de ratio tiene que tener dos educadores y un fisioterapeuta, estudian 15 alumnos de entre 3 y 10 años de edad con NEE, de los que 4 residen en otros municipios de la comarca, y actualmente cuenta con un educador, ya que el segundo renunció a su puesto el pasado mes de junio.
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio llevan reclamando la incorporación del educador más de 3 meses, pero en la inspección territorial siempre les han contestado lo mismo: que no es competencia de Educación sino de Hacienda el nombramiento del educador.
En este sentido, el conseller de Educación, Vicent Marzà, señaló en una visita reciente a Altea que «es una incongruencia que no se entiende».
Los padres y madres de los alumnos afectados, que estudian desde Infantil hasta final de Primaria, están seriamente preocupados por esta situación. Desde la Ampa señalaron ayer que «nos encontramos con la circunstancia de que un solo profesional está cubriendo las necesidades de 15 niños con dictámenes muy diferentes y que requieren en la mayoría de los casos de un apoyo continuado y muy preciso. Hablamos de niños y no de cifras», remarcaron.
Son niños con diferentes síndromes que padecen movilidad reducida, dificultad para la ingesta de alimentos líquidos o incontinencia, entre otras dificultades. «Nuestros hijos no pueden valerse o tienen gran dificultad para realizar actividades a priori muy básicas pero que no les incapacita para acceder a una educación que ante todo es un derecho por sí», afirmaron desde la Ampa.
El caso ha generado el apoyo del resto de la comunidad escolar y en 5 días se han recogido cerca de 450 firmas expresando su disconformidad por esta «inverosímil situación».
Por su parte, el centro escolar pone todos los medios para que el funcionamiento se vea afectado lo mínimo posible, «pero esta no es la solución», aseveraron los progenitores, quienes añadieron que «no vamos a consentir que nuestros hijos no accedan a una educación de calidad».
Incongruencia educativa
El conseller Marzà es el primero en reconocer que la contratación de un educador especial desde Hacienda y no desde Educación es «una de estas incongruencias que no se entienden». El responsable educativo de la Generalitat señaló hace unos días en Altea, en referencia a la problemática del Garganes, que el tema de los educadores «es muy delicado en la Comunidad. Nosotros queremos que las clases sean inclusivas y ha de haber una buena dotación de educadores. No depende de nuestra conselleria -añadió- sino de Función Pública (Hacienda) que gestiona los educadores que van a los centros, y por tanto es más complicado de agilizar los trámites». Marzà afirmó que es «un problema heredado del pasado».
