Benidorm

Sobreseen la causa por tráfico de influencias contra Agustín Navarro

El juez indica en el auto que «no resulta acreditada la supuesta comisión de los delitos denunciados»

02.10.2015 | 02:23
Sobreseen la causa por tráfico de influencias contra Agustín Navarro

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha dictado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas al exalcalde socialista Agustín Navarro y uno de sus cargos de confianza por un supuesto delito de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios

En el auto, el juez señala que de las diligencias de investigación practicadas «no resulta acreditada la supuesta comisión de los delitos denunciados».

Denuncia de un concejal
La causa tiene su origen cuando el concejal del PP en el Ayuntamiento de Benidorm José Ramón González de Zárate puso en conocimiento del fiscal las relaciones comerciales entre la empresa del asesor de Navarro y el Ayuntamiento ya que, al parecer, no estaban acreditados con facturas los trabajos efectuados por esta empresa.

A partir de ese momento fue el Ministerio Fiscal el que asumió la investigación, pero tras las diligencias efectuadas ha sido el propio fiscal el que interesó el sobreseimiento provisional, «por no haberse encontrado indicios de actividad delictiva alguna en las relaciones comerciales existentes hasta la fecha entre el ayuntamiento de Benidorm y la mercantil».

«Muy tranquilo»
El propio Navarro ha manifestado que estaba «muy tranquilo» en este asunto ya que ni siquiera le habían citado a declarar «porque estaba todo muy claro».

Pedro Sánchez, el asesor que era el titular de la mercantil, también ha aclarado que lo único que le habían pedido eran dos facturas que faltaban: «Las aporté y nada más».

Se da la coincidencia de que el juez que ha decretado el sobreseimiento de las diligencias es el mismo que hace unos días decidió mantener la imputación a Navarro por el caso de las contrataciones irregulares de empleados municipales durante su mandato, así como imputar también al exconcejal de Personal Juan Ramón Martínez, y la jefa de Recursos Humanos.

A los tres se les imputan delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

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