El magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Benidorm ha sumado dos nuevos imputados al caso de los supuestos contratos irregulares en la etapa del gobierno socialista. Hasta ahora sólo mantenía esta condición el exalcalde de Benidorm, Agustín Navarro, por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos. Ahora el juez también ha llamado a declarar, como imputados, al exconcejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, en el ejercicio de 2010, y a la exjefa de Recursos Humanos, Carmen Navarro Orts, durante el mismo periodo. Ambos han sido citados el próximo 20 de noviembre, a las 12.15 horas y a las 12 horas, respectivamente. El mismo día que también acudirá a prestar declaración, por segunda vez en este asunto, el actual concejal y diputado provincial socialista Agustín Navarro (a las 12.35 horas).
Cabe recordar que el Sindicato Profesional de la Policía Local y de Bomberos (SPPLB) inició este proceso con una denuncia en la que acusaban a Navarro de «colocar en el Ayuntamiento a 43 afines y parientes de cargos socialistas, así como del pago de productividades ilegales en 2010 y 2011». Además, tras la primera declaración de Navarro en marzo de 2014, el sindicato amplió su denuncia con hechos de 2011 y 2012.
Por otro lado, el juez también ha decretado que declaren como testigos en esta causa el actual interventor municipal, el secretario general en esa época, la exconcejal de Hacienda en 2010, Natalia Guijarro, y la edil de Liberales, Gema Amor. Todas estas citaciones también se han fechado el próximo 20 de noviembre, en la que el magistrado, al parecer, tiene previsto efectuar una sesión maratoniana de declaraciones desde las 10 de la mañana.
El juez de Instrucción 2 realiza esta solicitud tras las diligencias practicadas hasta la fecha, dentro de un auto de 28 páginas en las que desgrana una exposición de los hechos que ha venido denunciado el SPPLB ante el ministerio fiscal. Aparte de hacer alusión a la documentación aportada, incluye parte de las declaraciones que ya se han realizado: la que llevó a cabo, en calidad de testigo, Juan Ramón Martínez, ahora imputado, y la del exalcalde, Agustín Navarro.
Informes sobre 28 empleados
En el nuevo auto del juez que instruye dicho procedimiento, al que pudo tener acceso este diario, solicita información al secretario municipal del Ayuntamiento sobre los procesos de contratación de un total de 28 empleados públicos, reduciendo a esta cifra las supuestas 43 contrataciones irregulares que el SPPLB demandaba que se investigaran.
En el mismo documento, el magistrado, cuando hace referencia a los hechos denunciados, recoge que la exjefa de Recursos Humanos Carmen Navarro Orts «hizo la propuesta de los incrementos salariales, encontrándose ella entre las beneficiadas, cuando debería haberse abstenido».
Por lo tanto, también pide información sobre si «la propuesta de incremento salarial efectuada por Carmen Navarro Orts de la plaza de Técnico Superior de Recursos Humanos -siendo ésta Jefa de Personal en el Ayuntamiento-, fue finalmente aprobada en contra del Informe de Intervención».
El juez se refiere también, en la parte de los hechos denunciados, a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en 2010. Recuerda que se denuncia que la exjefa de Personal señaló que su departamento realizaría «un estudio al respecto de qué puestos pueden cubrirse durante 2010 (...) Sin embargo, no consta que se hiciese (...) ningún estudio al respecto». También incide en los reparos que presentó el interventor sobre la aprobación de la RPT. El juez, en una cronología que aporta de este caso, apunta que no existe «ningún documento con vigencia actual donde se recojan qué competencias, funciones y condiciones de trabajo vienen remuneradas por los actuales complementos específicos. Esta deficiencia es grave».
Cuando alude a las anteriores declaraciones de Agustín Navarro y de Juan Ramón Martínez indica que el exalcalde socialista dijo haber delegado «todas las competencias en materia de recursos humanos, en Martínez y la Junta de Gobierno». El propio exconcejal manifestó ante el juez que él «era el máximo responsable político de los hechos en materia de recursos humanos,en la fecha de los hechos (...) y que mientras ejercía sus funciones, el Sr. Alcalde nunca intentó influir en sus decisiones».
Entre otras peticiones, también solicita que se remita a su juzgado la relación de personas que componían la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento durante los años 2010, 2011 y 2012, así como el nombre de los ediles que votaron a favor de la RPT en un pleno de 2010.
Agustín Navarro, en relación a estos hechos, aseguró que «estoy muy tranquilo y veo que este tercer juez que asume el caso está llevando de una manera seria y profesional pidiendo toda la documentación que hace falta». Navarro también reseñó que su defensa estudia que comparezcan más testigos, «en su mayoría técnicos, con el fin de esclarecer los procesos de contratación», dijo.
