29 de septiembre de 2015
29.09.2015

Benidorm no implantará el rastro hasta que no se conozca el informe de lesividad

La promotora dice que comenzará las obras en breve «porque el Consistorio no tiene potestad para paralizarlas»

29.09.2015 | 02:18

El Partido Popular de Benidorm, con el apoyo de Compromís-Los Verdes y los Liberales, lograba ayer sacar adelante un procedimiento de declaración de lesividad sobre el nuevo mercadillo que se pretende implantar en la zona de discotecas. Un asunto que lleva ya casi un año generando un debate político y social en esta localidad ante la advertencia de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm (Aico) de que este nuevo negocio puede, según esta agrupación, afectar gravemente a los pequeños comerciantes de la ciudad.

Sin duda, este fue el punto más importante de un total de seis que abordaban esta polémica en una nueva sesión plenaria de más de 12 horas. Y es que su aprobación, según el equipo de gobierno, incluye la suspensión del proceso de apertura, a pesar de que la mercantil, Outlet Market SL, ya cuenta con la licencia medioambiental y de obra. Según un informe del secretario en el caso de que el procedimiento prospere y se detecte lesividad –es decir, que alguno de los trámites administrativos no fueron los correctos–, el Ayuntamiento podría anular la apertura o entrar en un contencioso-administrativo en el caso de que lo considerara la mercantil afectada.

La empresa, no obstante, remitió a los grupos políticos, durante el pleno, un documento en el que incluía una serie de sentencias con casos, según ellos, similares, y que, en su opinión, justifican que «el Ayuntamiento no tiene ninguna potestad para paralizar el expediente de apertura», manifestaron a este diario fuentes de Outlet Market. También indicaron que tienen como objetivo comenzar las obras la semana que viene. Fuentes municipales determinaron que, en ese caso, paralizarían los trabajos.

Temor a una indemnización
El secretario municipal, en el informe antes citado, también apuntaba a que en el caso de que no prospere el informe de lesividad, el Ayuntamiento se podría ver abocado a indemnizar a la mercantil. Un temor que llevó a votar en contra a Ciudadanos por Benidorm. Y a abstenerse a Ciudadanos (C's) y al Partido Socialista. De hecho, Juan Balastegui, concejal de C's, presentó una enmienda para dejar sobre la mesa esta moción presentada por el equipo de gobierno del PP –todas las concernientes al rastro llevaban la firma popular–, ya que aseguró que su grupo había pedido un informe a abogados especializados en este tipo de asuntos para saber si hay alguna otra vía legal para poder paralizar este expediente de apertura que, hasta la fecha, tiene todas las tramitaciones aprobadas. Finalmente, Balastegui acabo retirando esta enmienda debido a que el secretario informó de que esta aportación podría adherirse al procedimiento de lesividad.

«Si no lo aprobamos ahora, el rastro tirará para adelante y no habrá manera de pararlo», defendió el portavoz del PP, José Ramón González de Zárate. Un comentario que el socialista Rubén Martínez tildó de «demagogo». El portavoz del PSOE dijo que es una decisión que hay que tomar sin prisa y que el estudio de lesividad lo podría haber incoado el PP antes de conceder la licencia ambiental. «Ahora ya hay poco margen de maniobra», subrayó el portavoz socialista.

Debate y abstención de C's
Este comentario sólo es una pequeña pincelada del acalorado debate que se generó. Sobre todo cuando se abordó otra de las mociones sobre este asunto: darle a la empresa el certificado de la licencia de obra conseguido por silencio administrativo. Los que más ataques recibieron, esta vez, fueron los socialistas. El PP y C's arremetieron contra el PSOE por ser los iniciadores del expediente.

La base central de sus críticas se basaban en que en etapa socialista se concedió el certificado de compatibilidad urbanística. Mientras los socialistas defendían que es una tramitación meramente técnica, sus opositores entendían que podrían haber hecho algo. Incluso, Gema Amor, portavoz de Liberales, que compartía gobierno con el PSOE en esa época, le pidió al exalcalde socialista Agustín Navarro que asumiera responsabilidades. Finalmente, se aprobó la concesión del certificado con la abstención de C's, uno de los partidos más beligerantes en esta polémica. Un posicionamiento que sorprendió a otras formaciones.

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