Los ayuntamientos de Altea y La Nucía se han acogido al Fondo de Impulso Económico (FIE) habilitado desde el Gobierno para hacer frente a dos sentencias judiciales en su contra. La Administración central ha habilitado esta línea de ayuda por supuestos de ejecuciones de sentencias judiciales firmes de los tribunales de Justicia a las que tengan que hacer frente las entidades locales. Las condenas impuestas a los dos consistorios de la Marina Baixa ascienden a 18 millones de euros.
En el caso de Altea, la condena asciende a 12,2 millones de euros que tienen como fin saldar la deuda contraída con la urbanizadora del PAI Los Puentes del Algar por el dinero que la mercantil adjudicataria del proyecto, Altea Futura, participada por el Grupo Ballester, adelantó al Consistorio en 2007. De hecho, el Ayuntamiento fue condenado en 2013 a pagar esta cuantía «más los intereses devengados desde la fecha de la demanda hasta el pago completo de las cantidades».
Como se recordará, el PAI Los Puentes del Algar contemplaba urbanizar más de dos millones de metros cuadrados junto a la desembocadura del río, y fue anulado por el Tribunal Supremo el 10 de mayo de 2013.
Durante el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Altea en el que aprobó -con la abstención del PP y el voto favorable del resto de grupos políticos- la adhesión al FIE para cumplir la condena, la portavoz del PSOE, Verónica López, le recriminó al PP su abstención «a una herramienta económica fundamental a la que debemos acogernos a causa de sus desmanes en 2007. Su actitud (al PP) es ser poco leal». En la misma línea, la concejala de Urbanismo, Inma Orozco (Compromís), cargó contra el PP y les echó en cara haber «hipotecado el futuro de nuestro pueblo y el de nuestros hijos por vuestros delirios de grandeza antes de las elecciones de 2007, al gastaros alegremente y sin justificación los 7 millones de euros que el grupo Ballester entregó como aval para construir en el río Algar, y al que ahora tenemos que devolverle más de 12 millones de euros».
También el Ayuntamiento de La Nucia aprobó ayer en pleno adherirse al FIE para obtener un préstamo de 5,8 millones de euros con los que hacer frente al pago de la empresa UTE Rotondas CV-70, que construyó las fuentes de las glorietas en la carretera de La Nucía a Benidorm. La citada UTE realizó las obras a cambio de 13.999 unidades de aprovechamiento en el PAI del Algar, con un contrato firmado en septiembre de 2006.
En febrero de 2008 la UTE solicitó que fueran escrituradas a su nombre esas unidades de aprovechamiento urbanístico, pero no fue hasta abril de 2011 cuando el TSJCV obligó al Ayuntamiento a hacerlo. Tras pedir un incidente de ejecución del fallo judicial, y ante la imposibilidad material de acometerlo por estar anulado el PAI, en julio de 2013 un juzgado contencioso-administrativo de Alicante fijó una indemnización de 4,8 millones. Aquello fue recurrido por el Consistorio y ahora, tras una sentencia dictada el pasado mes de marzo, la cantidad se eleva hasta los 5,8 millones como resultado de aplicar los intereses de demora.
El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, aseguró que el Ayuntamiento cumplirá así con la legalidad y que «al abonar el pago de esta cantidad el Ayuntamiento recuperará 13.999 unidades de aprovechamiento (UDA), que forman parte del concurso, y que pasarán a ser parte del patrimonio municipal».
«La Marbella de la provincia»
Desde las filas socialistas exigieron responsabilidades al alcalde Bernabé Cano y le acusaron de «tener como máxima obsesión convertir a La Nucía en la 'Marbella de la provincia'». Por su parte, el portavoz de Compromís, Pep Pastor criticó una «negligente y nefasta gestión» y añadió que «la única salida que buscan es tirar hacia adelante los macroPAIs con miles de viviendas».
