La concejal de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, transmitió ayer una buena dosis de tranquilidad en relación a la nueva demarcación marítimo terrestre propuesta por la Dirección General de Costas, que ha tenido durante el último año en pie de guerra a diferentes agentes sociales de la ciudad.

El principal miedo tanto de propietarios como de hoteleros era que el nuevo deslinde, según lo que entendían ellos, afectaba a gran parte de los edificios ubicados en primera línea de playa, y, por lo tanto, podía complicar la concesión de licencias de obras de reforma y de conservación de los mismos.

Caselles, tras mantener una reunión ayer con la Jefa del Servicio Provincial de Costas, dejó claro ayer que la nueva demarcación no afectará a las obras o remodelaciones que precisen los citados inmuebles. «De hecho, desde Costas nos han trasladado que se están otorgando todas las licencias que les están solicitando para realizar este tipo de obras, a pesar de que nosotros pensábamos lo contrario», matizó la encargada del área municipal de Urbanismo.

Es más, detalló que, según les explicó ayer la Jefa del Servico, el nuevo reglamento que aprobará el Ministerio otorga este tipo de autorizaciones mediante la fórmula de la declaración responsable, «lo que agiliza más el proceso», manifestó.

Caselles apuntó que la nueva Ley de Costas se basa en la de 1964 y toma como referencia para definir la zona de servidumbre la línea de ribera del mar, «con lo cual, a diferencia de lo que se pensaba, quedan más edificios desafectados en algunos tramos de la zona de Levante».

Lo único que cambia, según la edil, es que lo paseos marítimos pasan a ser de titularidad estatal, «aunque nos subrayan que las autorizaciones para, por ejemplo, cambiar una farola, no tardarán más de dos días. Este hecho es algo que no se está haciendo solo en Benidorm sino en el resto de España como criterio general».

La encargada de Urbanismo también aseveró que la única área que queda afectada por la zona de tránsito es la de los edificios de Punta Canfali (más conocida como la del Castillo). «Sin embargo, a pesar de lo que exponían algunos hoteleros, sí que se autorizaran obras de reforma que precisan sus fachadas, como ya se ha hecho con un caso ateniéndose a la nueva normativa. Lo que no se permitirá es, una vez que se tiren abajo los edificios, construir otro en el mismo lugar, tal y como ya ocurría con las leyes de 1969 y la de 1988», recalcó.

El Ayuntamiento, no obstante, no contempla retirar el recurso de reposición presentado contra esta ley en el que, entre otras cosas, solicitaba que se desafectaran las avenidas de Alcoy y Madrid, y la calle Verge del Sofratge. Asimismo, pedirán la concesión de la avenida Vicente Llorca Alós, que es la parte del paseo situada en la zona de la Cala. «Es algo que se debería haber solicitado cuando se llevaron a cabo las obras de pavimentación y así se le instó desde Costas al anterior equipo de gobierno, pero no se hizo», dijo la regidora.