La concejal de Aperturas, Lourdes Caselles, anunció ayer que concederá la licencia ambiental al nuevo mercadillo-rastro en Benidorm, situado en la avenida Comunidad Valenciana, al que el sector comercial de Benidorm, a través de la asociación Aico, se lleva oponiendo de manera feroz desde el pasado mes de diciembre, debido a la saturación de este tipo de negocios que existe en la zona.
Caselles justificó ayer que aunque su partido también se ha mostrado contrario a la implantación de esta iniciativa comercial, «sus propietarios, unos empresarios holandeses, nos expusieron que todos los informes técnicos avalan sus proyecto y si no les concedemos la licencia podemos estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa», dijo.
La responsabilidad de que todos los informes técnicos, tanto municipales como del Consell, den luz verde a este proyecto es, según Caselles, del equipo socialista, ya que «el último está fechado el 28 de mayo y el resto se realizaron bajo su legislatura». Asimismo, recordó que fue el PP el que en noviembre dio la voz de alarma de que este «rastro» se estaba tramitando y el que solicitó en el pleno que se emitieran informes para ver hasta qué punto era viable y legal. También destacó la concejal que el alcalde, Toni Pérez, ha recibido una carta del cónsul de Holanda en el que le pedía explicaciones de por qué sus compatriotas no recibían las licencias de obra y ambiental.
El portavoz del gobierno, José Ramón González de Zárate, reseñó que, no obstante, el equipo de gobierno estudiará la viabilidad jurídica y económica para revocar dicha autorización. Sin embargo, adelantó que esta medida implicaría una indemnización a la empresa por daños y perjuicios.
Las explicaciones del Partido Popular parecieron no convencer demasiado a los miembros de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm (Aico), que pusieron el grito en el cielo al enterarse de la decisión, según ellos, 30 minutos antes de la rueda de prensa que se convocó en el Ayuntamiento para darla a conocer. «Nos parece fatal que hayan adoptado esta medida sin el consentimiento de la asociación cuando Toni Pérez, en la primera reunión que mantuvo con nuestra nueva directiva, nos aseguró que ese mercadillo no se iba a abrir», apuntó el presidente de Aico, Raúl Parra, a la vez que incidió en que en este proceso «hemos detectado detalles, a nivel técnico, que nos huelen bastante mal, como que el representante legal de los propietarios de este negocio sea Andrés Laporta, exabogado del Consistorio y padre de la número 10 de la lista que presentaba el PP en estas elecciones. Una persona muy relacionada con técnicos del Consistorio», aseveró.
Parra afirmó que no van a conformarse con esta decisión que «dinamita al sector comercial» de la ciudad. Al igual que interpusieron una demanda judicial en el TSJ contra la autorización del Consell, «vamos a promover diferentes acciones de protesta, así como el estudio de demandas contra los implicados».
Continúa la pelea política
El portavoz del gobierno quiso subrayar que el PSOE, durante su mandato, «engañó a los comerciantes y a Aico diciéndoles que no iba a permitir la apertura mientras lo estaba tramitando». El exconcejal de Comercio, Conrado Hernández, matizó que el proceso fue «exquisito».
Hernández se amparó en que el pasado mes de junio, antes de dejar el gobierno, solicitó un informe al secretario municipal sobre si todo el expediente cumplía con la legalidad, «que a día de hoy todavía no ha realizado». Cabe recordar que el PSOE mantuvo una polémica con el Consell, bajo mando del PP, por autorizar el mercadillo.
La Generalitat esgrimió que le dio el visto bueno porque contaba con informes favorables del Ayuntamiento. En definitiva, la tensión política que se ha mantenido durante meses sobre el asunto.
