La Junta de Gobierno Local de Benidorm dará el próximo lunes un paso de gigante para desbloquear un sector del plan urbanístico de El Murtal (PAU-1), que se adjudicó en el año 2000 y desde entonces no ha dejado de navegar entre litigios con el agente urbanizador y los propietarios del suelo.
El Ayuntamiento aprobará el texto refundido del proyecto de reparcelación, que permitirá el desarrollo de más de 9.000 metros cuadrados de suelo, en los que se pueden construir un máximo de 2.942 viviendas, según anunció ayer en rueda de prensa la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. «Sin duda, es de los pocos solares por explotar en Benidorm, de ahí su importancia», añadió. De hecho, cabe destacar que desde el próximo lunes, cuando se lleve a cabo la firma, el constructor tendrá un plazo de 36 meses para ejecutar las obras.
Casalles explicó también que, en base al convenio urbanístico firmado en 2006, el Consistorio ingresará 6 millones de euros en los dos próximos años, de los 8,5 millones que, en un inicio, se fijó que abonaría el constructor. El montante total, según el acuerdo, se iría ingresando a partir de la inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la Propiedad. De hecho, a los 60 días de ese primer paso el Consistorio tiene que recibir 1,2 millones de euros y el resto, hasta alcanzar los 6 millones de euros, en 24 meses.
El millón y medio que restaría hasta los 8,5 millones que marcaba el convenio inicial no se ingresarán en las arcas municipales, ya que «irán a compensar las cargas de urbanización que le corresponden pagar al Ayuntamiento por el suelo que tiene en el sector».
El PAU-1 El Murtal fue adjudicado en julio de 2000. En el año 2006 se firmó el convenio urbanístico con el agente urbanizador, Francisco Gómez, propietario de la constructora Prometosa. Diferentes litigios tanto con el constructor como con los propietarios de las parcelas bloquearon el proceso. En 2011 se requirió al empresario, en cumplimiento de una sentencia de 2007, que aportase el texto refundido del proyecto de reparcelación forzosa, que debía incluir un coeficiente de retribución en suelo fijado por el pleno del 37,79%. El Ayuntamiento, a la vista de que el urbanizador no cumplía, resolvió encargar la redacción a una mercantil externa y en 2013 se sometió a exposición pública. Dicho texto sufrió varias modificaciones al estimar algunas alegaciones y sobre el mismo se fijó un nuevo coeficiente del 29,72%, fijado esta vez por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el pasado año.
Todavía existen un par de procedimientos judiciales abiertos en relación al PAU-1 de El Murtal pero Caselles tiene claro que con esta aprobación decaerán.
