La Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (Aptur) alertó ayer del aumento de turistas que buscan alojamiento a última hora, tras haber sido estafados a través de internetestafados . El presidente del colectivo, Miguel Ángel Sotillos, aseguró a este periódico que diariamente, desde mediados de junio, alguno de sus asociados recibe en sus puertas a «turistas desesperados, en muchos casos familias con niños pequeños», que se ven en la calle al descubrir que «el chollo» contratado en portales de anuncios por internet era un timo un timo y no existe tal apartamento.
«Hace unos días llegó una familia de 7 personas que había alquilado la primera quincena de agosto por 750 euros, cuando el precio habitual oscila entre 1.500 y 1.800 euros», explicó Sotillos como ejemplo de los casos que se están encontrando este verano.
Además, Aptur trasladó a este medio su preocupación por la mala imagen que esta problemática arroja a la marca de Benidorm y lamentó que el esfuerzo invertido en campañas de promoción se pierde con situaciones como éstas que «manchan» la imagen de la ciudad. «Estos turistas y su entorno recordarán que fueron estafados en Benidorm y no por unos timadores aislados».
En esta línea, Sotillos destacó que en algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, «las páginas web son corresponsables de lo que se publica en sus portales», por lo que desde su asociación reclaman al gobierno autonómico que se lleve a cabo «una revisión de las páginas en las que se publicitan estos timos y se abran los expedientes correspondientes», instó.
Por su parte, la Agencia Valenciana de Turismo puntualizó a este diario que, en base a la normativa turística autonómica, «las ofertas de alquileres de vivienda por internet deben ajustarse a las exigencias de veracidad», así como deben «incluir en la publicidad el número de registro de las viviendas en la Administración Turística y su categoría, que es lo que garantiza la legalidad». En caso de que no se cumplan estos requisitos, «la Ley de Turismo de la Comunidad Valenciana tipifica esta infracción como muy grave, con sanciones de hasta 90.000 euros». Además, subrayó que «son responsables solidarios de la infracción los propietarios de los apartamentos junto con los canales de publicidad o comercialización por Internet». En estas situaciones, según la Agencia Valenciana de Turismo, el consumidor queda indefenso ante reclamaciones o timos y sólo le queda acudir a la Fiscalía por un posible delito de estafa.
Según el Cuerpo Nacional de Policía, el turista español recurre más a las plataformas de anuncios entre particulares por internet que el visitante extranjero. No obstante, hasta la fecha aseguraron a este diario haber registrado un número de denuncias «similar al pasado verano».
El problema en este tipo de casos, según la Policía, es la dificultad para seguir el rastro de los estafadores, ya que emplean a «mulas», terceras personas no vinculadas directamente con la red criminal, que prestan su número de cuenta y hacen de intermediarios, «muchas veces sin saber a qué se dedican los que han contratado su servicio», según la Policía. Habitualmente es a ellos y no a «los cabecillas» a los que se suele detener, explicaron.
