El Club Náutico de Altea se plantea acudir al Tribunal Supremo antes del 17 de septiembre para hacer valer sus derechos que, según la Ley 12/2014 de Puertos de la Generalitat Valenciana, no se han llevado a efecto a pesar de que el artículo 70 de la misma, en su apartado octavo, señala que deben convocarse concursos en las concesiones de dársenas e instalaciones náutico-deportivas, «salvo cuando el solicitante sea un club náutico sin fines lucrativos», en cuyo caso la renovación de la concesión «se hace a través de un procedimiento negociado». La decisión de acudir al Supremo la está estudiando la junta directiva del club que preside el abogado y economista José-Román Zurutuza tras haber recibido recientemente el fallo del TSJ de la Comunidad Valenciana desestimando el recurso contencioso-administrativo presentado por la entidad contra la última autorización temporal de explotación, la quinta desde 2000, otorgada por la Conselleria el 23 de septiembre de 2012 para la explotación de sus instalaciones. Estas acaban el próximo 22 de septiembre, aunque el club podrá seguir explotando las instalaciones náuticas hasta junio de 2017.
La entidad lleva más de 15 años de explotación en precario y 5 autorizaciones temporales hasta la fecha con permisos que se renuevan mensualmente hasta un periodo máximo de tres años. En el contencioso, el club demandaba la nulidad de esta nueva autorización temporal y solicitaba que se otorgase la concesión definitiva. En este sentido el fallo del TSJ da la razón al Náutico de Altea pero desestima el recurso «porque alega que todavía no se ha tomado la decisión de conceder la concesión y que esta resolución es discrecional a la administración» afirmaban ayer desde el club, cuyos miembros lamentan «la falta de voluntad política para resolver el problema de su concesión».
Bases
Resulta curioso que a pesar de que todavía no se ha tomado una decisión sobre el tema de las concesiones, en 2006, el organismo autonómico decidió presentar las bases del concurso para la concesión de instalaciones náuticas. «Estas fueron recurridas por nosotros por su carácter economicista y fueron retiradas», aseveraron.
Ahora el club estudia presentar un «recurso de unificación de doctrina» en el Tribunal Supremo «con el fin de conseguir de una vez por todas la renovación de la concesión en los términos que marca la Ley de Puertos, además de intentar que se siente jurisprudencia para toda España», dijeron.
