El número de plazas de alquiler que se ofrecen en plataformas P2P (dedicadas a la hotelización de viviendas: Airbnb, Wimdu, Homeway) asciende ya en Benidorm a 28.377, lo que supone el 40% del volumen total de la oferta reglada en la capital turística, que aglutina apartamentos turísticos profesionalizados, hostales y pensiones así como los campings. Según los datos de 2014 que maneja el Ayuntamiento, todo este tipo de alojamientos suman un total de 72.216 plazas.

El vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, presentó ayer un estudio en el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur) de Benidorm sobre el crecimiento de la oferta de las plataformas P2P. Según señaló el experto, la gran mayoría de sus viviendas no cumplen regulaciones estatales ni autonómicas.

Para la patronal hotelera de la Costa Blanca (Hosbec), en los últimos tres años, que es el periodo en el que calculan que el negocio que se genera en este tipo de webs ha comenzado a proliferar en Benidorm, «es muy preocupante que ya estemos hablando de más de 28.000 plazas. Si esta tendencia se mantiene, en cinco años, podrían superar las reguladas», manifestaron.

En la presentación del estudio estuvieron presentes el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el diputado provincial de Turismo, Eduardo Dolón; el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y representantes del sector turístico empresarial de la ciudad y provincial. Entre ellos, el presidente de Hosbec, Toni Mayor.

Zoreda expuso el análisis acompañado del director de Estudios e Investigación de Exceltur, Óscar Perelli. En el mismo ofreció datos reveladores, como que si este tipo de nueva oferta turística pagara los mismos impuestos que la tradicional, el Estado recibiría 800 millones de euros anuales.

También reseñó que en ciudades como Barcelona, las plazas en este tipo de alquileres casi doblan la oferta reglada. En Alicante es superior por alrededor de 1.000. En Benidorm el dato no es tan preocupante, de momento, pero esta ciudad y Marbella son las que concentran la mayor oferta de este tipo de alojamientos dentro del grupo de los principales destinos turísticos de España, según reza en el estudio de Exceltur.

Zoreda, durante su exposición, quiso desmontar con datos algunos mitos como que con este tipo de oferta se atraen nuevos segmentos de turistas. Demostró también que el gasto de los clientes de estos servicios es menor y que, en ocasiones, genera un deterioro de la calidad de vida y convivencia de algunas comunidades de vecinos, así como que provoca que se despoblen de residentes zonas céntricas y turísticas de varias ciudades, «ya que a los propietarios les sale más a cuenta alquilar su casa por días que por largas temporadas». Incidió además en que parte relevante de esta oferta pertenece al ámbito de la economía sumergida y no garantiza los derechos del consumidor.

Asimismo, Zoreda consideró que se precisa una reflexión a nivel estatal para tratar de frenar esta problemática. Instó a que el Gobierno central abandere una normativa más homogénea y le emplazó a que tras el verano convoque una reunión con todos los secretarios de estado.«Es necesario, entre otras cosas, que se solicite una serie de requisitos básicos a estas viviendas y el pago del IVA al igual que otros negocios turísticos. No queremos acabar con este tipo de oferta, pero sí regularla», defendió.