El Partido Popular y el Partido Socialista de Benidorm acordaron ayer en el pleno remitir al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante el expediente de los terrenos pendientes de expropiación en la partida del Moralet, para que fije el justiprecio que el Ayuntamiento debe abonar. El punto 6 del orden del día, llevado a pleno por el PP y redactado en junio por el anterior gobierno socialista, fue aprobado con los votos a favor de ambos partidos y la abstención del resto de grupos.
La mercantil, propietaria de los terrenos, presentó una alegación contra la hoja de aprecio municipal, que fija el valor del suelo en algo más de 300.000 euros, al considerar que el precio de la finca es de más del doble. Ayer el pleno desestimó dicha alegación.
Regular las vallas publicitarias
Por otro lado, sí hubo consenso en la aprobación de una moción del grupo municipal Ciudadanos (C's) para redactar una ordenanza que regule la publicidad en Benidorm en vallas, fachadas, carteles y pantallas. Según el portavoz de Ciudadanos, Rafa Gasent, la ordenanza -votada a favor por la totalidad de la corporación-, pretende «evitar que centenares de vallas ilegales de publicidad que hay en Benidorm, deterioren el paisaje urbano».
El pleno continuó por la tarde con un total de seis mociones de urgencia presentadas por varios grupos de la oposición. Los socialistas solicitaron que las reservas de crédito de gastos menores, antes de aprobarse, pasen por las comisiones informativas correspondientes. Hasta ahora lo hacían con los superiores a 18.000 euros cuando se trataba de servicios y 60.000 cuando tenían que ver con obras. El PSOE pidió que se baje estas cifras a 6.000 euros para servicios y 20.000 cuando sea para obras. La propuesta se aprobó con la única negativa de Ciudadanos por Benidorm (CPB).
Los Liberales, por su parte, presentaron dos mociones. La más llamativa es la que tenía que ver con que se desarrolle la esperada Valoración de Puestos de Trabajo, que el Consistorio lleva prometiendo hacer desde 2012. Sobre todo, según la formación liderada por Gema Amor, después de una sentencia que hizo ayer pública el Sindicato de la Policía (SPPLB), que obliga al Ayuntamiento a hacer una valoración del puesto de trabajo de un agente. En esta misma propuesta también quieren que se implante un sistema para controlar la asistencia de los funcionarios del Consistorio. La moción fue aprobada por unanimidad. Ciudadanos (C's) instó al resto de grupos a renegociar las condiciones con SUMA como recaudadora de impuestos y también elevó otra moción al pleno para potenciar el fondeo ecológico de barcos en Benidorm. Ambas propuestas también contaron con el voto a favor de todos los grupos.
Ciudadanos por Benidorm propuso celebrar una comisión de urbanismo extraordinaria para estudiar la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 2,5 millones por la expropiación de terrenos en Foietes de los hermanos Rodríguez Martínez. También la apoyaron todos los partidos.
