El ayuntamiento de Benidorm tendrá que pagar a varios particulares algo más de 2,5 millones de euros por la expropiación de dos parcelas incluidas en el futuro parque de Foietes.

Así se desprende de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha hecho pública la concejal de Urbanismo y Hacienda, Lourdes Caselles.

Caselles ha explicado que el fallo, dictado el pasado mayo, se convirtió en firme el pasado 8 de julio, después de que el ayuntamiento decidiera no recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

La edil ha recordado que esta expropiación millonaria no es la primera que tiene que afrontar el ayuntamiento en esta zona, ya que otra sentencia del TSJ obligó a abonar a otro particular 2,7 millones de euros más los intereses legales correspondientes, a los que se sumaron casi 900.000 euros que ya percibió meses antes el afectado.

En este caso, según Caselles, los propietarios de las parcelas rechazaron el justiprecio marcado por el ayuntamiento y el caso llegó en 2010 al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante.

Sin embargo, ante "la tardanza excesiva" del jurado "en resolver" y fijar un "justiprecio" los propietarios acudieron a los tribunales. De hecho, iniciaron un proceso por "inactividad" del Jurado de Expropiación.

Los peritos de los propietarios fijaron el valor del suelo en 281,70 euros el metro cuadrado, mientras que para el ayuntamiento el precio justo era de 40 euros al considerar que este suelo era "estrictamente" rústico. El Jurado de Expropiación Forzosa, por su parte, no ha llegado a fijar un justiprecio.

El TSJCV considera que este suelo no puede valorarse como rústico ya que el entorno de estas parcelas están rodeadas "de trama urbana", y por eso da la razón a los propietarios y fija el precio del metro cuadrado en los 281,70 euros defendidos por la propiedad.

La sentencia impone también 1.200 euros de costas al consistorio.

Caselles ha indicado que el anterior gobierno no incluyó en el presupuesto de 2015 dinero para hacer frente a esta expropiación, y que desde el área de Intervención se trabaja ya en buscar los fondos para asumirla.

Ha criticado "la irresponsabilidad" del gobierno socialista por no comunicar en mayo la sentencia al resto de grupos de la corporación, y le ha pedido públicamente explicaciones de por qué "no se presentó recurso de casación, dada la cuantiosa cantidad económica que se le reclama al ayuntamiento".