El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de Xaló en un pleito que mantenía con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por unos vertidos contaminantes realizados hace cinco años en el barranco de la Cava. La CHJ impuso al Consistorio una multa de 8.932 euros y una indemnización por daños medioambientales de 1.823 euros. Sin embargo, la sentencia anula ahora la resolución del organismo de cuenta. El Consistorio de Xalò advirtió de la «falta de veracidad» de las sanciones. El tribunal admite que hubo «indefinición» a la hora de situar los vertidos, que se efectuaron en fosas sépticas no autorizadas. También indica que los guardas fluviales que realizaron las actas de las denuncias no tienen condición de agentes de la autoridad. Además, precisa que las actas debieron ratificarlas los agentes medioambientales, que son los que hacen la función de policía de aguas.
