El Ayuntamiento de Benidorm tiene varias razones para querer asumir la competencia de controlar la concesión de transporte urbano. Fuentes municipales aseguran que la principal es que no pueden fiscalizar y controlar este servicio, lo que deriva a su vez en que no pueden atender las quejas de los usuarios o que les es imposible actuar en asuntos sobre horarios, frecuencias de líneas, número de expediciones y días de servicio, etcétera. Tampoco puede responder a demandas vecinales «que en muchos casos son bastante coherentes», matizan. Por otro lado, argumentan que la concesionaria contratada actualmente por la Generalitat ofrece cuatro servicios de autobuses turísticos, «lo que entra en clara competencia con otras contratas de índole parecida. Por este tipo de cosas las arcas municipales deberían de recibir algún tipo de beneficio, por ejemplo, a través de un canon».
