El ingeniero técnico agrícola Rafael Tatay, que trabajó en Terra Mítica para varias empresas, entre ellas Prexint Botànic, Desarrollos Gran Vía y Traus, en tareas de control y organización de jardinería, aseguró ayer que no se realizaban partes de trabajo porque «no era necesario».
La Audiencia Provincial de Valencia acogió ayer la vigesimoquinta sesión de este juicio, en el que constan 35 acusados por un supuesto fraude superior a los 4 millones cometido mediante la presentación de facturas falsas.
El testigo indicó que «había muchos trabajadores no contratados debidamente, por el trabajo que había que hacer en poco tiempo», y que en momentos puntuales se llegaban a reunir a más de cien personas en alguna de las obras que él controlaba.
«A mí me llegaba personal y yo lo distribuía», señaló para asegurar que estos empleados procedían de «terceras empresas», pero que él «no preguntaba» y se limitaba a distribuir y organizar el trabajo.
El ingeniero trabajaba entonces para el empresario Antonio Moreno Carpio, administrador de Altos del Carrichal SL y gerente de Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, Prexint Botànics y Red Moreno, para quien la Fiscalía reclama una pena de 53 años y cuatro meses de cárcel, la máxima en esta causa.
Mano de obra no cualificada
También manifestó que no se hacían partes de trabajo porque, según precisó, «no era necesario» y la mayoría de la mano de obra era no cualificada porque las tareas «no lo requerían».
Ayer, también testificó Ángel Palomar, un empresario propietario de un vivero que fue proveedor de esquejes de plantas a la empresa de Vicente Conesa (empresario para quien se pide una pena superior a los 28 años de cárcel), adjudicatario de obras de ajardinamiento y riego del parque.
Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria requirió a la empresa de Palomar varias facturas a nombre de Matilde Ripoll, mujer de Conesa y acusada también en esta causa, por un importe conjunto de más de 400.000 pesetas, pero en la información aportada por la empresa aparecían a nombre de otros clientes, según ha puesto de manifiesto la fiscal. El empresario atribuye este hecho a un error en la facturación por un «problema informático», que según dijo comunicó a la Agencia Tributaria, y negó que su empresa realizara facturas falsas para el matrimonio de Conesa y Ripoll.
