José Luis Rubio, hijo del empresario del mismo nombre y procesado en el juicio por el supuesto fraude de 4,4 millones de euros mediante facturas falsas en la construcción de Terra Mítica, declaró ayer que su padre le instó a hacerse autónomo y que se falsificaron facturas a su nombre.

En su declaración en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia de Valencia, el hijo del dueño de las mercantiles Gribal y Desarrollo Gran Via, para el que el Ministerio Público solicita una pena de 12 años y 8 meses de prisión, admitió que éstas facturas sirvieron para justificar a empresas que contrataron a personal de forma irregular.

Según explicó, su padre le pidió que se hiciera autónomo para que fuera «espabilando y ser jefe en un futuro», por lo que lo hizo con la condición de seguir «cobrando lo mismo y el mismo día», y que cuando empezaron a facturar a su nombre su padre le dijo que «como tenía mucho trabajo necesitaba justificar gastos con estas facturas», pero que él no se ocupaba de las mismas ni emitió ninguna.

Rubio señaló que «nadie le notificó» las facturas por las que está procesado en esta causa, y que se enteró de las mismas cuando recibió la citación judicial sobre su imputación. Este hecho, explicó, desencadenó una discusión con su padre e incluso que rompieran la relación y «dejaran de hablarse».

También reconoció que él se encargaba de realizar el cobro de pagarés o cheques, tanto de la empresa de su padre, que compartía despacho con otro de los principales acusados, Antonio Moreno, y que el dinero «era para pagar a los trabajadores y el material de oficina y de obra», y que él «nunca cobró ninguna comisión». Rubio Juárez manifestó que en la empresa de su padre trabajaba «mucha gente sin papeles», y que «venían negritos, que trabajaban noche y día».

En la sesión de ayer también declararon varios empresarios a quienes también se atribuyen delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por supuesta falsificación de facturas, entre ellos el gestor Antonio Latorre, a quien la Fiscalía pide 12 años de prisión, que figuraba como administrador de las empresas Gamaparc y Waldron, y quien ha asegurado que solo se ocupa de «contratar las bajas y altas» laborales. Latorre se desvinculó de la contratación y ejecución de las obras, que llevaban Rubio y Moreno, y que «salvo del tema de incidencias profesionales no tenía conocimiento ni decisión alguna» en las empresas, aunque admitió que estas mercantiles tenían «cientos» de trabajadores ilegales.