La administradora concursal nombrada por el juez para el concurso necesario de Olga Urbana, empresa constructora de las torres In Tempo de Benidorm, ha solicitado a la sala de lo Mercantil 1 de Alicante la «fase de liquidación» cuando procesalmente corresponda, «al objeto de proceder a la realización de los activos de la concursada de conformidad con el Plan de Liquidación que finalmente resulte de lo aprobado», señala en un informe, del que se hicieron eco ayer algunos medios de comunicación.
La letrada Antonia Magadaleno, que asume en este caso el papel de administradora concursal, ha argumentado esta decisión en dicho documento señalando que «la absoluta falta de tesorería impide plantear un posible escenario de continuidad, considerando la liquidación como la única solución posible a la situación de insolvencia en la que se encuentra la empresa concursada».
Olga Urbana logró un préstamo otorgado por Novagalicia de 93 millones de euros. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se acabó haciendo cargo de esta deuda, y a finales del año pasado fueron los que solicitaron la declaración del concurso en los juzgados.
Según el informe de Magadaleno, el préstamo que en la actualidad titula la Sareb fue renovado en seis ocasiones, y Olga Urbana debe 108 millones. También se resalta en dicho documento que Olga Urbana tiene un pasivo de 141 millones y una masa activa de la compañía de 91,6 millones, según la tasación de los pisos realizada el pasado mes de diciembre, que valora las viviendas entre los 190.990,8 euros y los 1,6 millones. El valor de la compañía se estima en 46,2 millones.
La administradora concursal entiende, en el informe, que la crisis financiera pudo haber afectado al sector de la construcción, pero «no puede considerarse que este sea el principal motivo que haya llevado a Olga Urbana a su situación actual».
También considera que desde el órgano administrativo de la concursada se tomaron decisiones que llevaron al sobreendeudamiento de la mercantil, y dicha financiación no se tradujo en recursos económicos para la sociedad investigada.
Asimismo, esgrime que «no dispone de los recursos para hacer frente a los créditos que se están generando como consecuencia del proceso concursal, por lo que resulta evidente que la situación de la mercantil es muy delicada».
Según fuentes cercanas al caso, Olga Urbana no facilitó a la administración concursal ni el libro de actas ni el de registros de socios. Tampoco entregaron la información relativa a los libros contables de los tres últimos años legalizados.
La administradora ha realizado su informe a partir de la documentación en información que consta en los Registros Públicos así como con la proporcionada por las comunicaciones de crédito efectuadas por los acreedores dentro del plazo legal establecido al efecto.
