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Hacienda estrecha el cerco a las webs de alquiler de apartamentos

El plan de lucha contra el fraude fiscal incluye a los portales que ofrecen pisos de particulares

Hacienda estrecha el cerco a las webs de alquiler de apartamentos

La proliferación de webs especializadas en el alquiler de apartamentos turísticos no sólo ha levantado las suspicacias de los hoteleros, que llevan meses denunciando lo que consideran una competencia desleal para sus establecimientos. También ha puesto en alerta a la Agencia Tributaria, que ve en este tipo de portales un importante foco de economía sumergida. Tanto es así que el organismo ha decidido incluir por primera vez a este tipo de negocios entre los objetivos prioritarios del plan que elabora anualmente para combatir el fraude fiscal y que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado.

Y lo hace con un doble propósito. Por un lado, Hacienda quiere controlar el propio negocio que realizan estas webs. Es decir, si declaran todo lo que corresponde por las comisiones que cobran a los usuarios por los apartamentos o por los servicios adicionales que prestan -algunas ofrecen transporte o, incluso, limpieza en clara competencia con los establecimientos regulados-, por los que deberían tributar en el IRPF, el IVA e, incluso, en el Impuesto de Sociedades. Su inclusión en el plan de lucha contra el fraude ya da una idea de que Hacienda ha detectado más de una irregularidad en el sector.

Y, por otro lado, también se pretende perseguir a los propietarios que comercializan sus viviendas a través de estos portales y que, posteriormente, no declaran estos ingresos. Así, el texto señala literalmente que la Agencia Tributaria «actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca total o parcialmente viviendas por internet».

Además, Hacienda continuará con el rastreo de otros portales de anuncios no especializados en busca de defraudadores y también tiene previsto repetir las campañas de inspección sobre el terreno que, desde hace ya tres ejercicios, se realizan cada verano en los principales enclaves turísticos para aflorar arrendamientos ilegales. No en vano, el departamento que dirige Cristóbal Montoro hace años que considera los alquileres como uno de los principales focos de fraude de la economía española e, incluso, vigila el consumo de energía para detectar posibles casos.

El precedente autonómico

La decisión del Gobierno de aumentar la vigilancia sobre las webs de alquiler de apartamentos se suma a la iniciativa que el año pasado adoptó el Consell en el mismo sentido y que le llevó a realizar una batida por los principales portales del ramo. De hecho, ante las presiones de los hoteleros, la Generalitat incluso cambió la legislación para obligar a los propietarios a incluir el número de registro del apartamento en los anuncios que publiquen en internet. Es más, si hasta ahora sólo estaban obligados a registrarse quienes tenían tres o más viviendas, el Consell prepara un decreto que obligará a realizar este trámite incluso para los que sólo posean un apartamento, con el objetivo de aumentar el control.cambió la legislación

Como ya publicó este diario, la campaña del Gobierno autonómico permitió aflorar el año pasado 4.261 plazas de apartamento en la provincia, lo que eleva la oferta reglada hasta las 107.147 plazas (unos 23.000 apartamentos), según la información facilitada por la Conselleria de Economía.

Como era de esperar, las principales organizaciones empresariales del sector acogieron ayer con satisfacción la medida. Así, el presidente de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), Toni Mayor, destacó «el enorme perjuicio que ocasiona la competencia desleal que suponen los alquileres ilegales» y señaló que estas webs están permitiendo nuevas modalidades de explotación, más allá del arrendamiento tradicional, como pueden ser el alquiler independiente de habitaciones.

También el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca, Miguel Ángel Sotillos, defendió la necesidad de un mayor control sobre la oferta ilegal, como el que propone Hacienda, ya que, según sus estimaciones, todavía supone más del 70% del total.

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