Los arrendadores de la Comunidad que alquilen una única vivienda con fines vacacionales no podrán seguir escapando al control de la Administración. Al menos, esa es la finalidad que persigue la nueva Ley de Turismo de la Comunidad Valenciana, que desde el pasado 1 de enero introduce la obligatoriedad de dar de alta e inscribirse en el registro autonómico a todas las viviendas que se exploten con un uso turístico. La nueva norma incluye, por tanto, a los propietarios particulares o empresas que alquilen un único apartamento con fines vacacionales, cuando hasta la fecha esta inscripción tan sólo se exigía para quienes destinaban a este fin tres viviendas o más.
Entre las novedades que incorpora esta modificación de la Ley turística, dentro del Decreto Regulador para el Alquiler Turístico, también se amplía la responsabilidad solidaria a las empresas o portales «online» que comercialicen a través de internet viviendas irregulares, con sanciones que están tipificadas en la Comunidad como muy graves y que pueden llegar a los 90.000 euros de multa, además de la clausura del establecimiento o la suspensión de la actividad turística por un periodo de hasta tres años.
Las nuevas medidas acordadas por la Conselleria de Turismo se enmarcan dentro de las acciones de este departamento para luchar contra el intrusismo en el sector, que hoteleros y empresas de apartamentos turísticos llevan años reivindicando. Como ejemplo, basta destacar las estimaciones de la patronal turística Hosbec, que cifran en cerca de 500.000 plazas de alojamiento el volumen que mueve cada año en la provincia esta actividad, directamente relacionada con la economía sumergida, dado que los alquileres se realizan mayoritariamente sin contrato y sin ningún tipo de tributación.
Las nuevas medidas acordadas por Turismo se suman a otras que también se exigirán a los arrendatarios de viviendas vacacionales. Entre ellas, la obligatoriedad de incluir en la publicidad de alquiler de sus apartamentos el número de inscripción en el Registro de Actividades Turísticas de la Comunidad o que las viviendas cumplan con unos requisitos mínimos de calidad, seguridad y servicios que ofrecer al turista, según explicaron fuentes del departamento que dirige Máximo Buch.
Control sobre la oferta
La Conselleria de Turismo y la Policía Autonómica llevaron a cabo el pasado año una ambiciosa campaña de inspecciones contra el alquiler irregular de viviendas vacacionales, que sólo en la provincia de Alicante ha hecho aflorar en seis meses 4.261 plazas de alojamiento diseminadas en 811 edificios o apartamentos que no estaban debidamente registrados y, por tanto, incumplían la normativa. Esta oferta se realizaba a través de 87 particulares o empresas explotadoras que, tras la inspección, se han visto obligados a darse de alta. Y, además, representa el 57% de todas las detectadas en estas batidas en el conjunto de la Comunidad.
Las inspecciones se iniciaron en junio y, aunque inicialmente estaban previstas sólo para la temporada estival, finalizaron en el mes de diciembre, focalizadas en cinco puntos de la provincia con mayor actividad turística: Benidorm, Alicante, Dénia, Calp y Torrevieja, según los datos aportados por la Conselleria. En el conjunto de la Comunidad, la campaña abarcó otros trece destinos -Peñíscola, Benicarló, Benicàssim, Oropesa del Mar, Alcossebre, Xilxes y Moncofar, en Castellón; y Valencia, Cullera, Gandia, Alboraya, Canet d'en Berenguer y Puerto de Sagunto, en la provincia de Valencia-, donde en conjunto se detectaron más de 7.513 plazas irregulares.
En la provincia, los inspectores visitaron 800 viviendas y 44 empresas explotadoras y, además de las plazas que se han dado de alta a raíz de las mismas, se registraron nueve denuncias a través de la asociación Aptur, 28 detectadas a través de internet y se levantaron 16 actas de inspección.Actualmente, la Conselleria tiene registradas 105.958 plazas de apartamento turístico, 23.125 bloques de apartamentos y 1.659 empresas de alquiler vacacional en la provincia, lo que, según las estimaciones del sector, representa una quinta parte de la oferta real.
