Un mes es el tiempo que tendrán los acreedores de la promotora Olga Urbana, responsable de la construcción del edificio In Tempo, para reclamar las deudas que mantienen con esta mercantil. La encargada de recibir toda esta información económica es Antonia Magdaleno, la administradora concursal nombrada ayer por el Juzgado Mercantil número 1, que ha aceptado el concurso de acreedores para esta constructora que solicitó en noviembre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Según fuentes de la empresa de Antonia Magdaleno, la recopilación de esta información de los acreedores es el primer paso de la fase común. «La administradora concursal precisará de dos meses para analizar la situación real de Olga Urbana: estado financiero, inventario de la masa activa, listado completo de acreedores... Consideramos que para febrero estará listo el informe sobre esta mercantil», destacaron.

La administración concursal señala que es un concurso «necesario» a instancias de la Sareb, popularmente denominada «banco malo» por la insolvencia de la empresa.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el auto, de fecha 1 de diciembre, declara suspendidas las facultades de administración y disposición del deudor y nombra administradora concursal a dicha abogada.

A 31 de diciembre de 2012, la Sareb adquirió por mandato legal el crédito concedido por Novacaixa Galicia Banco a Olga Urbana para ese rascacielos, que estaba aproximadamente al 93% de su construcción y con la culminación de las obras prevista para marzo o abril de 2013. La deuda de Olga Urbana con el «banco malo» asciende a unos 100 millones de euros y, en noviembre, la Sareb decidió instar el concurso ante la situación de insolvencia de la mercantil, evidenciada por sus impagos generalizados y por su incapacidad de hacer frente con sus propios medios a la construcción del In Tempo.

Según señaló entonces en un comunicado, el concurso «necesario» dotará de control judicial al proceso de valoración de la situación patrimonial de la compañía, su viabilidad y, en particular, la del propio proyecto.

A su juicio, sólo el proceso concursal y la intervención de un administrador concursal permitirán dotar al proceso de garantías sobre el control de ingresos y gastos y la plena protección de los derechos de los acreedores, adquirentes de viviendas y proveedores.

No todos los acreedores ven con los mismos buenos ojos que la Sareb el proceso concursal. Uno de ellos considera que el «banco malo» ha instado a la liquidación «para limpiar el edificio de deudas de cara a su venta y porque sabe que tendrá preferencia de cobro, al ser el mayor acreedor».

Esta empresa denunció ante los tribunales que la Sareb ha utilizado a Olga Urbana en su beneficio, ya que «la ha mantenido sabiendo que era insolvente».