«La antesala de la corrupción». Así calificó ayer el grupo municipal del PP el pliego con el que el gobierno local de Benidorm pretendía adjudicar el servicio de la grúa y la zona azul y que, como relató ayer este diario, ha sido anulado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al considerar que vulneraba la libre concurrencia de empresas.
El portavoz de los populares, Antonio Pérez, fue ayer contundente en sus críticas contra dicho documento y dijo que, gracias a la actuación de este tribunal, «el gobierno no ha llegado a cometer ningún delito, pero le han pillado por enésima vez con el carrito del helado». Por su parte, el portavoz de los socialistas, Conrado Hernández, replicó afirmando que los populares «son los menos indicados para dar lecciones contra la corrupción» y aseguró que el pliego de prescripciones técnicas cuestionado por este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «se redactó por parte de los técnicos municipales, no de los políticos».
El gobierno local de Benidorm, formado por PSOE y CDL, aprobó en solitario el pasado agosto un pliego para licitar, en un mismo contrato, la gestión de los servicios de zona azul, retirada de vehículos, inmovilización y depósito de vehículos, señalización viaria y control de velocidad en el casco urbano, más otros adicionales, por un periodo de diez años y a cambio de un canon anual de 5.000 euros. Sólo concurrió una oferta, la UTE formada por SICE -que tiene la adjudicación del alumbrado público en Benidorm- y Auplasa. Otras dos empresas del sector decidieron interponer sendos recursos ante el Tribunal de Contratos, que ahora ha obligado a suspender el procedimiento e iniciar uno nuevo, al entender que se restringía notablemente la participación de empresas.
En sus argumentaciones, el Tribunal señalaba que, tanto la acumulación de servicios y requisitos técnicos exigidos como el breve plazo de tiempo dado para presentar las ofertas, dejaban entrever que «sólo aquella empresa que, casualmente, pudiera imaginarse un contrato con objetos tan distintos sería capaz de haber organizado una UTE para presentarse al concurso». Y a esto fue a lo que se acogió ayer el grupo del PP.
El edil Antonio Pérez recordó que este tribunal fue creado por el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero «para acotar la corrupción en la contratación pública» y criticó que el ejecutivo local haya ocultado a la oposición esta resolución, tanto en las comisiones informativas como en el pleno del pasado lunes. Por eso, exigieron que se inicie las medidas oportunas para municipalizar el servicio de la grúa y la zona azul, a su juicio, la única fórmula que permitirá «garantizar la transparencia de un servicio municipal básico como es el de la grúa, así como la zona azul ligada a éste por concesión, y también a todos los trabajadores de la plantilla». Asimismo, exigieron al alcalde, Agustín Navarro, el cese «inmediato» del asesor de Movilidad, José Bañuls, y afirmaron que «éste contrato en sus manos huele a podrido».
Respuesta por partida doble
Las críticas del PP obtuvieron una doble respuesta por parte del gobierno. El portavoz socialista, Conrado Hernández, afirmó que los populares son «los menos indicados para hablar de corrupción y pedir ceses, cuando su partido no ha hecho nada para luchar contra la corrupción y continúa sin hacerlo, como estamos viendo en Alicante con Sonia Castedo o en las Cortes Valencianas». Además, Hernández indicó que el PP «debería tener un poco más de vergüenza para aludir a la corrupción. Ellos que son los que trajeron al empresario Enrique Ortiz a esta ciudad y los que han provocado 60 millones de euros de sobrecostes en obras faraónicas».
Por su parte, la edil de Hacienda y Recursos Humanos, Natalia Guijarro mostró su «sorpresa ante el ímpetu por municipalizar contratos» mostrado por la oposición y afirmó que el rescate del servicio de la grúa y la zona azul es «inviable», ya que el plan de ajuste de 2012 « incorporar a los trabajadores de la zona azul a la plantilla municipal».
