La empresa valenciana de pirotecnia Zamorano Caballer ha generado una situación bastante tensa entre la entidad Caixabank y el Ayuntamiento de Finestrat, que ayer mantuvieron un primer cara a cara en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Benidorm. Según relatan ambas partes, dicha mercantil, que actualmente se encuentra liquidada, realizó en 2007 una serie de trabajos a este Consistorio por valor de 121.000 euros.
Como sabía que el Ayuntamiento iba a tardar en pagarle, el empresario decidió cederle dicha deuda al antiguo Banco de Valencia -actual Caixabank-, para cobrar cuanto antes esta cantidad. Lo que se conoce en el argot como un «endoso». El 1 de octubre de 2008, el gobierno municipal dictaba un decreto por el cual reconocía el derecho de cobro a este banco. El problema vino cuando Zamorano Caballer decide renunciar a esta cesión y reconocer, sólo 15 días después, este derecho de cobro a Bancaja, con el consentimiento del Ayuntamiento.
El caso es que Finestrat acabó pagando la deuda a la actual Bankia. Aunque después, según fuentes del Consistorio finestrense, el 28 de diciembre de 2009 -para más inri-, el pirotécnico fue a cobrar el dinero a Banco de Valencia. Momento en el que, según fuentes municipales, se considera que ya había obtenido el dinero de Bancaja, ya que el Ayuntamiento, el 6 de agosto de ese mismo año, ya había adelantado algunas facturas a este banco que ascendían a 96.800 euros.
Aunque no lo pueden demostrar, ambos sospechan que la empresa pirotécnica cobró por partida doble en una jugada «poco moral». No obstante, al estar dicha sociedad en liquidación, lo que parece que ahora interesa debatir es quién cometió el error para que esto se produjera: si el Ayuntamiento o el banco.
Ayer, durante la vista testifical, el abogado de Banco de Valencia, Antonio José Jiménez, consideró que el Consistorio había obrado mal, primeramente, por no haber informado a la entidad que representa de que se había cambiado el endoso de crédito. Por otro lado, considera extraño que el 16 de octubre de 2008 se realizara el decreto sobre la operación con Bancaja, «cuando al parecer ese mismo día el interesado había presentado el escrito en el edificio consistorial solicitando el cambio y el propio nuevo banco todavía no había aceptado dicho endoso». Todas estas razones le hacen mantener que el Consistorio realizó diferentes irregularidades en esta operación.
Por su parte, fuentes del gobierno municipal aseguraron que se obró bien en todo momento y que no tenían por qué informar al banco anterior. «Nosotros sólo estábamos obligados a abonar la cantidad a la última entidad que nos dijo la persona a la que le debíamos el dinero, amparándonos en lo que dice el artículo 201 de la Ley de Contratos», dijeron.
Aunque la cantidad de la que se habla en los decretos es de 121.000 euros, Banco Valencia reclama 96.800 euros, por razones que ninguna de las partes supieron aclarar ayer a este diario.
Una resolución compleja
Lo que derive de la decisión del juez puede generar una situación mucho más compleja. Que dé la razón al Ayuntamiento y el Banco de Valencia tenga que requerir su deuda a los propietarios de la empresa pirotécnica; o que se la dé a la entidad bancaria y sea el Consistorio el que tenga que tocar la puerta de los dueños (uno de ellos fallecido) de Zamorano Caballer o reclamar lo abonado a Bancaja. En definitiva, un follón casi tan sonoro como una buena mascletá.
