El Ayuntamiento de Benidorm dará otra oportunidad a los vecinos de la ciudad en riesgo de desahucio que no puedan hacer frente al pago de impuestos y tasas municipales y gestionará con Suma la paralización de cualquier embargo por esta causaparalización de cualquier embargo . El objetivo es intentar ayudar a decenas de familias de la localidad a aliviar las consecuencias de la dramática situación por la que atraviesan y evitar que puedan acabar perdiendo su vivienda. Así lo acordó ayer el pleno ordinario del mes de octubre, en el que los 25 miembros de la corporación respaldaron de forma unánime una propuesta de la edil de Bienestar Social, la socialista Cristina Escoda, consensuada con los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comarca, para articular una decena de medidas con las que apoyar a este colectivo y «servir de ejemplo a otros ayuntamientos de España y al Gobierno central, para que modifique la ley».
La moción aprobada ayer, pactada tras una serie de encuentros después de que el pasado agosto el gobierno impidiera a representantes de la PAH acceder al pleno de los presupuestos, se inicia con toda una declaración de intenciones, al calificar a Benidorm como «zona libre de desahucios». Y aunque esta declaración no va más allá de ser una forma de «dejar patente la preocupación de la ciudad por la posible exclusión social de muchas familias al estar en riesgo de perder sus viviendas», como explicó la edil del área, sí va acompañada de una serie de medidas con las que dar un paso más en esta materia.
Por un lado, el Consistorio reclamará la empresa pública Suma, dependiente de la Diputación Provincial y a la que el Ayuntamiento le tiene transferidas las competencias para el cobro de tributos municipales, a frenar los embargos por el impago de tasas e impuestos locales a familias que constaten que no pueden asumirlos por su precaria situación económica. Asimismo, prevé la creación de una bolsa municipal de viviendas destinadas al alquiler social y un registro municipal de solicitantes, que será coordinado y valorado por Bienestar Social, con la intervención de la Oficina Municipal Antidesahucios y la PAH de la Marina Baixa. El pleno también se compromete a modificar las ordenanzas municipales para eximir de tasas e impuestos a las personas con riesgo de exclusión social o promover su aplazamiento y se negociará con empresas para evitar el corte de suministros de luz y agua a estas familias que temporalmente tampoco puedan hacer frente a los recibos. Por último, se instará a otras administraciones supramunicipales, como la Generalitat o el Gobierno central, a modificar sus leyes sobre vivienda en favor de las familias sobre las que pese amenaza de poder sufrir un lanzamiento.
Luz verde tras dos largas esperas
La moción «antidesahucios» fue ayer el último punto del orden del día, lo que obligó a una decena de miembros de la PAH que se habían desplazado a seguir el debate en directo a esperar más de cinco horas a que llegara su turno. Sin embargo, cuando la corporación dio el «OK» de manera unánime, los que aún permanecían en el salón la recibieron con aplausos y puestos en pie y, después, consideraron que han logrado dar «un paso importante» en su lucha. La PAH presentó la moción por registro el pasado 28 de marzo y ha tenido que esperar siete meses para que llegara a pleno.
El portavoz del PP, Antonio Pérez, manifestó que el drama de los desahucios ha afectado en los últimos siete años a «cientos de miles de familias», por lo que reclamó que el gobierno local empiece a aplicar las medidas de ámbito municipal «antes del 31 de diciembre de este año», un guante que recogió el alcalde Agustín Navarro, quien se comprometió a hacerlo «de inmediato». El edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, se sumó a este lamento -«Es una propuesta que llega tarde»- y, como también hizo la liberal Gema Amor, reprochó que el Gobierno central haya empleado más de cien mil millones de euros en rescatar bancos y «muy poco para ayudar a las familias».
