La Conselleria de Infraestructuras ha aplazado sin fecha la demolición de los seis bungalows que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró ilegales en 2003, tras una denuncia del Ministerio de Medio ambiente por la vulneración de la Ley de Costas, algo que consintieron tanto el Ayuntamiento de Alicante, que dio las licencias y la cédula de habitabilidad posterior, como la Generalitat, que validó todos los pasos municipales. Once años después y pese a que el pasado 15 de enero los inquilinos debían haber dejado sus viviendas, los técnicos del departamento que dirige Isabel Bonig no han podido acceder todavía a todos los inmuebles, aunque cuentan con el permiso de la Audiencia Provincial, pero no por escrito, por lo que han pedido un documento al TSJCV para evitar complicaciones posteriores.
El tiempo pasa y se han producido actos de vandalismo como el robo de cables, marcos de ventanas y contadores de la luz. El problema es que no hay dinero para pagar la indemnización (en torno a 1,2 millones de euros) a los propietarios que compraron unas viviendas que se habían levantado con licencia municipal reglamentaria.
Los dueños han abierto un contencioso-administrativo en el TSJCV y una reclamación patrimonial ante el Consell, al que reclaman dos millones euros de indemnización, ya que se sienten los principales perjudicados por un pleito entre Costas y la Generalitat. La licencia de obra y la cédula de habitabilidad y ocupación siguen en vigor, y las casas tienen luz y agua porque las compañías se han negado a cortarlas. Un perito del juzgado ha levantado acta y la valoración de las casas coincide con la de los propietarios. De momento, salvo una vivienda, que fue desmantelada por el propietario cuando se pensó que la demolición era inminente, el resto siguen habitadas y con vecinos, aunque el final del verano haya reducido al máximo la presencia de personas en la isla, sobre todo de lunes a viernes.
El juez que ordenó la demolición de los seis bungalows construidos ilegalmente, según Costas, en la isla de Tabarca por el exalcalde de Santa Pola, Pascual Orts, instó a los propietarios a que vaciaran las casas antes del pasado 15 de enero, fecha a partir de la cual los técnicos de la Conselleria de Infraestructuras podían acceder a su interior, retirar los enseres y solicitar una nueva orden al Juzgado para proceder a la demolición, pero todo se ha paralizado a la espera del fallo del TSJCV sobre la posible indemnización y la investigación de la Generalitat.
El Consell adjudicó en noviembre de 2013 el derribo de las casas a la constructora Obrascón Huarte y Lain por 375.000 euros, y trasladó a los propietarios que serían ellos los que debían costear la demolición. Estos reaccionaron al entender, según testimonio de Pascual Orts, que en el fondo ellos son los principales damnificados, ya que construyeron con los permisos de Ayuntamiento y Conselleria. «El fallo judicial fue contra la Generalitat y es curioso que el peritaje del Tribunal sobre la posible indemnización coincide con el nuestro», explica Orts.
El desalojo era el último requisito pendiente para que la Conselleria cumpliera una sentencia que se remonta al año 2009. Además del derribo de los bungalows, la Generalitat tiene sobre la mesa otra obligación aún más gravosa, puesto que deberá indemnizar a los propietarios si prosperan los recursos.
