El Ayuntamiento de Benidorm lo quiere dejar todo bien atado para desbloquear una de sus principales preocupaciones urbanísticas: la Estación de Autobuses. Por eso, el Consistorio puso como condición al constructor alicantino Enrique Ortiz que terminara las obras de urbanización de este recinto antes de firmar el convenio de resolución de la adjudicación convenio de resolución que se le dio en 2002 y con el que se daría inicio a la regularización de las obras ejecutadas. Un acuerdo que no prevé, de momento, ninguna sanción por exceso de edificabilidad para el empresario. Asunto que tan de cabeza ha traído al Consistorio desde hace varios años.
Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes del área de Urbanismo de este Ayuntamiento, además de precisar que será hoy cuando se suscriba este convenio con el constructor, debido a que las obras ya están iniciadas.
Y es que las máquinas de Enrique Ortiz se pusieron a trabajar el pasado lunes para echar la última capa de rodadura en el área de la Estación de Autobuses, con lo que concluirían los trabajos de asfaltado y urbanización de la terminal benidormense. Asimismo, las mismas fuentes indicaron que se requerirá al empresario, fuera del marco de este acuerdo, que concluya las obras en la avenida de la Comunidad Europea, «que también consistirían en echar esta última capa de rodadura».
La resolución de mutuo acuerdo se aprobó en la última sesión plenaria con la abstención del grupo popular y el voto en contra del concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer. El convenio se basa en dejar sin efecto la adjudicación realizada por el Consistorio en 2002 para construir y explotar la terminal de autobuses y realizar una nueva licitación por concurso público, con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2007, que ratificó el Tribunal Supremo en 2012. Este fallo anuló la modificación del contrato aprobada en pleno en 2003, mediante la cual el Ayuntamiento autorizó a Ortiz, entre otras cosas, a incrementar de 500 a 10.000 metros cuadrados el volumen de la superficie comercial y el hotel anexo a la Estación.
En mitad de ambos trámites, el Consistorio legalizará el conjunto de las obras que los tribunales declararon ilegales, para lo cual el propio constructor tendrá que presentar un proyecto de toda la superficie no amparada por la licencia urbanística primigenia. Si después del concurso, la terminal acaba en manos de otra empresa, Ortiz percibirá una compensación de 27 millones por la obra ejecutada. Si queda desierto, seguirá manteniendo su condición de concesionario, aunque ya con toda la superficie completamente en regla.
Las fuentes citadas de Urbanismo indicaron que todos los negocios que existen en la Estación se subrogarán al nuevo adjudicatario. De hecho, según dicen, a todos se les ha notificado la situación.
El propio concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, explicó a este diario que será complicado sancionar al constructor, puesto que ya se habría superado el plazo de cuatro años de prescripción desde que se cometió la infracción urbanística. No obstante, señaló que se revisarán todos los expedientes por si hubiera aún algún resquicio al que poderse acoger. Lo que sí dice que se le cobrará es el 1% de su facturación desde 2010, es decir, los cánones.
Tanto los populares como el edil no adscrito criticaron en su día en la sesión plenaria que el empresario Enrique Ortiz no tuviera que hacer frente a ningún tipo de sanción por exceso de edificabilidad.
