Las defensas de los acusados del asesinato del alcalde de Polop han pedido al juzgado que archive la causa para ellos, vuelva a declarar secretas las diligencias y comience otra vez la investigación desde cero. Hoy se cumplen siete años de aquella fatídica noche, el 19 de octubre de 2007, en la que el primer edil polopino Alejandro Ponsoda fue tiroteado mientras aparcaba el coche en el garaje de su casa en la pedanía de Xirles. Ponsoda falleció dos semanas después en el Hospital General de Alicante ante la gravedad del disparo que recibió en la cabeza. Las pesquisas fueron encomendadas desde el principio a una unidad de élite de la Guardia Civil (la UCO) que vino desde Madrid para identificar a los implicados. Transcurridos siete años del asesinato, la investigación ofrece más sombras que luces sobre lo que ocurrió aquella noche y desde hace más de un año se encuentra estancada. Aunque la sociedad polopina desea pasar página y ser recordado por sus atractivos turísticos, el libro sigue atascado en el mismo sitio.
Ninguno de los siete imputados está en prisión por estos hechos y todos ellos proclaman que son inocentes; mientras que la principal prueba es el testimonio de un testigo protegido que asegura que los presuntos autores intelectuales del crimen le ofrecieron asesinar al alcalde. Un testimonio cuya validez cuestionan permanentemente las defensas y que no ha sido corroborando ninguno de los trabajadores del club, que aseguran que esta persona ni siquiera trabajaba en el local en la época en la que supuestamente le propusieron el crimen.
La principal línea de investigación de la Guardia Civil es que el presunto autor intelectual del crimen fue el alcalde que sucedió a Ponsoda tras el crimen, Juan Cano, y que éste se cometió para hacerse con su cargo. Su arresto se produjo a los dos años del asesinato y dejó conmocionada a la población, pero salió en libertad bajo fianza ocho meses después al admitir la Audiencia que las pruebas para mantener entre rejas a los implicados no eran muy sólidas. Cano siempre ha defendido su inocencia y asegurado que el verdadero asesino debe ser alguien vinculado a la vida privada del munícipe. Los otros detenidos como presuntos autores intelectuales del crimen fueron el empresario Salvador Ros y dos responsables del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, todos ellos también en libertad. El testimonio del testigo protegido dice que todo este grupo planeó y encargo el asesinato del alcalde durante una fiesta celebrada en uno de los reservados del local el verano de 2007.
El confidente asegura que en aquella reunión le ofrecieron 35.000 euros por ejecutar a Alejandro Ponsoda, sin embargo, no se pusieron de acuerdo con el precio y él propuso a los conspiradores otras tres personas. Los ciudadanos checos Radim Rakovsky, Robert Franek y el español Raúl Montero Trevejo, que se ganaban la vida como matones de puticlub, habrían sido los contratados para hacer el trabajo.
Cuando la investigación empezó a desmoronarse, la juez llegó a archivar la causa para ellos por falta de pruebas. La Fiscalía estaba dispuesta a seguir con el caso sólo contra los presuntos conspiradores, pero la Audiencia dio un nuevo vuelco a las diligencias al volver a imputar a los presuntos autores materiales. Los jueces consideraban que era en el juicio cuando se debía decidir si eran inocentes o no, valorando todas las pruebas.
Las piedras seguían interponiéndose en la marcha de las pesquisas. En junio de 2012, la juez que coordinó la investigación y que ordenó el arresto de los implicados, María Antonia Raedo, fue trasladada a Barcelona tras ascender a la categoría de magistrada. El último mazazo que sufrió la investigación vino a los pocos meses, cuando el juzgado accedió a indagar sobre la vida laboral del testigo protegido, a fin de determinar si éste pudo o no estar trabajando en el club de alterne. En el marco de esas diligencias, un guardia civil de La Vila, ajeno a la investigación que han llevado sus compañeros de Madrid, admitió que usaban al testigo protegido como confidente durante una temporada pero dejaron de contar con él, porque no era una persona de fiar. Estas palabras motivaron la enésima petición de archivo de las defensas al juzgado, que fueron rechazadas y apeladas ante la Audiencia. Mientras, el caso sigue empantanado sin que se haya practicado diligencias desde hace más de un año «No se puede tenerlos eternamente imputados. O archivan o les llevan a juicio, pero esta situación no puede mantenerse así durante más tiempo», explicó un abogado consultado por este diario.
