El funcionario del Ayuntamiento de Benidorm acusado de falsificar la firma del concejal Francisco Savalfuncionario Benidorm falsificar la firma del concejal Francisco Saval aceptó ayer una pena de seis meses de prisión en el juicio celebrado ante la Audiencia Provincial, según confirmaron ayer fuentes judiciales. Un acuerdo que evitó un largo juicio en el que estaban citados hasta una quincena de miembros de la corporación municipal entre políticos y funcionarios. Entre ellos estaban citados como testigos, el actual alcalde, el socialista Agustín Navarro, y el exconcejal popular, Francisco Saval, que ejercía la acusación particular.
La Fiscalía reclamaba inicialmente una pena de cuatro años de prisióncuatro años de prisión, pero ayer solicitó una atenuante por confesión, al entender que el propio funcionario desveló los hechos y acabó colaborando con la marcha de las investigaciones.
Los hechos se remontan al año 2009, durante los meses previos a la moción de censura que desalojó al Partido Popular del Ayuntamiento, y puso al socialista Navarro en la Alcaldía con el apoyo del tránsfuga José Bañuls. El fiscal considera que el acusado aprovechó su condición de funcionario para elaborar unos documentos para adjudicar un contrato a dos empresas, sin tener competencias para ello, y falsificando la firma de los concejales delegados, lo que realizó gracias al uso indebido de los tampones oficiales en los que constaban esas firmas. El proyecto en el que se detectaron las irregularidades era la adjudicación de la instalación de unas placas solares en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm.
El concurso había quedado desierto lo que provocó que los técnicos dieran la voz de alarma y se detectara que la documentación que tenía la adjudicataria con la firma del concejal estaba falsificada. Unas irregularidades que se descubrieron con la recién desembarcada corporación socialista que desalojó de la Alcaldía al Partido Popular.
Tras el acuerdo alcanzado ayer, la defensa que ejercía el abogado Agustín Rivera, se adhirió a la petición del fiscal y se renunció a la totalidad de la prueba, por lo que no fue necesario que ninguno de los testigos declarara. El fiscal solicitó seis meses de prisión, que no tendrá que cumplir por carecer de antecedentes penales, más otros seis meses de inhabilitación profesional y una multa de ocho meses.
Una broma que se fue de las manos
El funcionario en su día asumió la total responsabilidad de los hechos, exculpando de todo al exedil de Contratación, Francisco Saval. Según explicaba, todo había sido una broma que se le fue de las manos al utilizar el cuño con la firma de Saval sin conocimiento de éste para estamparlo en los documentos que se remitieron a la mercantil.
En los próximos días, la Sección Décima de la Audiencia Provincial dictará una sentencia, que previsiblemente recogerá las penas que han pactado las partes antes del juicio. Hasta el último momento, no se supo si el funcionario acusado se iba a conformar con las acusaciones.
