No habrá sanción. El gobierno local de Benidorm, formado por PSOE y CDL, aprobó ayer el acuerdo alcanzado con el empresario alicantino Enrique Ortiz para legalizar la estación de autobuses de la ciudad sin prever el cobro de ninguna sanción sanción por la infracción urbanística cometida por el constructor en su día. Así lo reprocharon los dos portavoces de la oposición, el popular, Antonio Pérez, y el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, que no respaldaron el convenio elevado a pleno por el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, al entender que el mismo contiene «muchos derechos para la concesionaria y muy pocos para el Ayuntamiento». El PP se abstuvo en la votación, mientras que el no adscrito fue el único que votó en contra.
El convenio validado ayer en pleno, y que en pocos días tienen previsto suscribir alcalde y constructor, prevé resolver de mutuo acuerdo la adjudicación realizada por el Consistorio en 2002 para construir y explotar la terminal de autobuses y realizar una nueva licitación por concurso público, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del año 2007, y ratificada en 2012 por el Supremo. Este fallo anuló la modificación del contrato aprobada en pleno en 2003, mediante la cual el Ayuntamiento le autorizó, entre otras cosas, a incrementar de 500 a 10.000 metros cuadrados el volumen de la superficie comercial y el hotel anexo a la estación.
En medio de ambos trámites, el Consistorio legalizará el conjunto de las obras que los tribunales declararon ilegales, para lo cual el propio Ortiz tendrá que presentar un proyecto de toda la superficie no amparada por la licencia urbanística primigenia. Si después del concurso la terminal acaba en manos de otra empresa, el empresario percibirá una compensación de 27 millones por la obra ejecutada, tanto la legal como la ilegal. Si queda desierto, seguirá manteniendo su condición de concesionario, aunque ya con toda la superficie completamente en regla.
El convenio, no obstante, no recoge la posibilidad de abrir ningún tipo de expediente sancionador por este exceso de volumen. Y en este punto es hacia donde la oposición dirigió ayer sus críticas.
El portavoz del PP aludió a un informe del arquitecto municipal que cifraba en 3,57 millones el valor de la obra construida sin licencia y criticó que el gobierno local vaya a legalizar toda la edificación sin exigir ningún tipo de compensación por esta infracción. Asimismo, hizo referencia al informe realizado por el Consell Jurídic Consultiu, según el cual el contratista sólo tendría derecho a recibir una compensación por la obra que ejecutó en base a la licencia de obra inicial y no sobre el conjunto de la terminal, dado que, cuando la realizó, sabía que la misma estaba bajo litigio y su autorización podría acabar siendo anulada.
Lo mismo trasladó Ferrer, quien además puso sobre la mesa que tampoco se recoge en el convenio la posibilidad de liquidar las tasas por licencia de obras ni el impuesto de construcciones que debía haber percibido el Consistorio por todo lo construido de más. Igualmente, se le perdonará la parte del canon de explotación correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009, cuya cuantía total supera los 33.700 euros, por considerar, como en el caso de la infracción, que ya habría prescrito.
Una cuantía sin determinar
¿A cuánto ascendería el dinero que el Consistorio va a perdonar a Ortiz por la infracción urbanística de la Estación? Esta pregunta, clave para entender todo el embrollo, tiene difícil respuesta, aunque fuentes del PP municipal avanzaron ayer que podría rondar los 1,75 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad tan sólo es una estimación, dado que ninguno de los gobiernos que ha estado al frente del Ayuntamiento de Benidorm desde que se cometió dicha infracción ha abierto hasta la fecha un expediente sancionador para poder evaluar a cuánto podría ascender la misma, tal y como se recoge en un informe realizado el pasado febrero por el secretario de la corporación municipal.
El concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra (CDL), reconoció ayer que casi con toda seguridad, el Ayuntamiento no podrá sancionar de ningún modo al constructor, puesto que ya se habría superado el plazo de cuatro años de prescripción desde que se cometió la infracción urbanística. No obstante, Ivorra matizó que, en el proceso de regularización, se revisarán todos los expedientes por si hubiera aún algún resquicio al que poderse acoger. También lamentó que todos los litigios en los que ha estado inmersa esta infraestructura desde su construcción «han jugado en contra del Ayuntamiento en muchos aspectos, sobre todo en éste».
Por su parte, tanto el PP como el concejal no adscrito mostraron sus dudas sobre si la infracción urbanística habría ya caducado. Según apuntaron los populares, la antigua Ley Urbanística Valenciana establecía el plazo de prescripción en 4 años mientras que la actual lo eleva a 15. Asimismo, destacaron que, en el caso de mediar un contencioso, el plazo quedaría paralizado y comenzaría a contar desde su resolución.
