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Benidorm

Los problemas para localizar a 34 propietarios demoran la salida de Ortiz de Armanello

El gobierno local recurre al BOP para notificar el acuerdo a los afectados

Terrenos de Armanello, cuyas casas que siguen en pie están llenas de okupas. David Revenga

El gobierno local de Benidorm sabía que no iba a ser tarea fácil retirar a Enrique Ortiz la condición de agente urbanizador de Armanello, pero no contaba con algunos baches burocráticos que van a complicar aún más el proceso. Problemas para notificar a una treintena de propietarios el acuerdo adoptado por unanimidad el pasado junio, para finiquitar la adjudicación de este sector, han obligado al Ayuntamiento a demorar el procedimiento, debido a su obligación legal de poner los hechos en conocimiento de todos los afectados.

Así lo reconoció ayer el concejal del área, el liberal Vicente Juan Ivorra, después de que el Consistorio haya tenido que recurrir al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ante su imposibilidad de dar con el paradero de 34 particulares o empresas que, según su base de datos, tenían intereses en el suelo afectado por este plan urbanístico. La publicación en el BOP otorga otros 15 días naturales de plazo para que, o bien los afectados o bien sus representantes legales, puedan presentar alegaciones al dictado del pleno. Un trámite que ya ha cumplimentado el principal interesado en este asunto, el empresario Enrique Ortiz, así como el representante de varias empresas ubicadas en este sector, que en su día ya promovieron recursos judiciales contra las excesivas cargas de urbanización planeadas por el constructor y lograron que el TSJ acordara la anulación del programa en lo referente a estas imposiciones.

Ahora bien, fuentes municipales expresaron ayer sus dudas de que este nuevo intento de notificación acabe siendo eficaz. Según indicaron, la base de datos obrante en el expediente municipal no se ha actualizado desde hace años, por lo que en la misma figuran personas que en su día tuvieron terrenos o huertas en la partida de Armanello y que, ahora, o bien ya han fallecido o bien se desprendieron del suelo cuando comenzó a tramitarse el plan, a finales de la década de los 90. En cualquier caso, señalaron que, al figurar aún en la base de datos, el Consistorio ha querido ser «escrupuloso» en este trámite y cumplir con todo lo que dice la ley para evitar que después puedan sobrevenir sorpresas contrarias al interés municipal.

Siguientes pasos

El concejal de Urbanismo explicó ayer que, una vez transcurrido este nuevo plazo de 15 días naturales para poder presentar alegaciones, el Consistorio remitirá el acuerdo del pleno al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, otro de los trámites inapelables antes de aprobar definitivamente la retirada de la condición de agente urbanizador a Ortiz. Asimismo, los técnicos municipales deberán resolver las alegaciones que ya se han formulado y, en el caso de que los informes sean acordes a la postura municipal, se ratificará el acuerdo en pleno.

Reclamación millonaria

Entre los aspectos más peliagudos de las dos alegaciones que hasta la fecha han llegado al Consistorio, está la reclamación de 9 millones de euros que Ortiz pretende realizar en el caso de perder su derecho a urbanizar el sector. El constructor, implicado en las tramas Gürtel, Brugal y ahora en la investigación de Rabasa, considera que tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios que dicho acuerdo le generarían, pese a que la causa principal que le ha llevado a este punto es su intención de no invertir los 17,5 millones que prometió en mejoras en el sector, como argumenta el Ayuntamiento.

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