Nuevo revés para el Ayuntamiento de Benidorm en el proceso de adjudicación del servicio de la grúa y la zona azul. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha ordenado la suspensión de este procedimiento de manera cautelar, atendiendo de esta manera los recursos presentados por dos empresas con amplia trayectoria en el sector contra el pliego de condiciones aprobado el pasado agosto por el gobierno local, formado por PSOE y CDL.
La decisión del Tribunal, adoptada el pasado 15 de septiembre y a la que ayer tuvo acceso este diario, paraliza de momento la aspiración del Consistorio de poder contar con una nueva contrata a lo largo de este mes. Porque la propia resolución obliga al ejecutivo a dejar en suspenso el procedimiento hasta que este mismo Tribunal resuelva los dos recursos y acuerde el levantamiento, o no, de la medida.
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, los dos recursos contra el pliego que debe regir la concesión han sido promovidos por las mercantiles Dornier SA y Estacionamientos y Servicios SAU, que explotan el estacionamiento regulado por el sistema ORA y otros servicios relacionados con la movilidad en numerosas ciudades del país, como Madrid, Burgos, San Sebastián, Oviedo, Pamplona o Valladolid, entre otras. Fuentes conocedoras de los hechos explicaron ayer que, entre las causas sobre las que sustentan sus recursos, la sombra de la anterior concesionaria, ParkControl 2000 SL, sigue estando demasiado presente.
El pliego de condiciones aprobado por socialistas y liberales preveía que la nueva gestora del servicio tuviera que subrogar a la plantilla, como ocurre con otro tipo de concesiones, y, además, hacerse cargo de la deuda generada por ParkControl con la Seguridad Social en relación a estos trabajadores, que podría rondar el medio millón de euros. Asimismo, la actual concesión se encuentra embargada por la Agencia Tributaria, que recoge diariamente la recaudación de la grúa y los parquímetros para ir descontando esos fondos de los impagos de ParkControl con Hacienda.
Al parecer, según las mismas fuentes, otras circunstancias que podrían haber sido también objeto del recurso son que en el pliego no se especifica cuantitativamente el número de estacionamientos de zona azul incluidos en la concesión, ya que se limita a indicar que habrá «un mínimo de 2.000 plazas»; o que en el documento se hayan incluido como objeto del contrato una serie de obligaciones en materia de movilidad, como la señalización horizontal y vertical de la ciudad, o la instalación de radares y la realización de controles de velocidad en el casco urbano, que van mucho más allá de la simple gestión de la zona azul y la grúa, agregaron las mismas fuentes.
La resolución del Tribunal de Contratos recoge que, el análisis de los motivos que fundamentan ambas empresas para la interposición de recursos, «pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación», por lo que acuerda la suspensión de la adjudicación hasta poder ahondar en el fondo de los mismos.
Una sola propuesta a concurso
El concurso convocado por el Consistorio para adjudicar la zona azul tan sólo ha recibido una única propuesta, la de la unión temporal de empresas (UTE) formada por SICE, concesionaria del servicio de alumbrado público en la ciudad, y Auplasa, socia de Enrique Ortiz en la gestión de la estación de autobuses.
Fuentes municipales indicaron que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones a la medida cautelar adoptada por el Tribunal de Contratos y está a la espera de ver si prosperan para poder continuar con el procedimiento o si, de lo contrario, se tendría que iniciar de cero.
