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Polémico derroche en plena sequía

Treinta y seis lavapiés de la playa de Poniente vierten miles de litros de agua potable

Polémico derroche en plena sequía

La sequía que asola desde hace meses la Marina Baixa y el conjunto de la provincia de Alicante sequía provincia de Alicante ha sacado a la luz la falta de previsión del Ayuntamiento de Benidorm para evitar que miles de litros de agua potable acaben perdiéndose en el alcantarillado. A mediados de agosto, cuando la CHJ ya había decretado la situación de preemergencia por la escasez de agua almacenada en los embalses de la comarca -Guadalest y Amadorio-, el gobierno local consintió que se vertieran 400.000 litros de la piscina municipal cubierta a la alcantarillaconsintió que se vertieran 400.000 litros de la piscina municipal cubierta a la alcantarilla, sin llegar a reaprovechar poco más de 30.000 para el labores de baldeo en las vías públicas. Ahora, se suma un nuevo episodio envuelto de polémica.

El grupo municipal del PP denunció ayer que 36 lavapiés de la zona de Poniente, entre la playa del Mal Pas y el antiguo puesto de Cruz Roja de la avenida Armada Española, utilizan agua potable para que los residentes y turistas se quiten los restos de arena cuando van de regreso a casa. El motivo no es otro que el retraso municipal en llevar a cabo las obras de una estación de bombeo con la que abastecer de agua salada a los 117 grifos de estos lavapiés, como ocurre en el resto de instalaciones de este tipo en La Cala y, también, en la totalidad de los de la playa de Levante.

Los citados lavapiés suministraban históricamente agua del mar, hasta diciembre de 2011. Entonces, según relató el edil popular José Ramón González de Zárate, hubo un modificado en el proyecto de la tercera fase del Paseo de Poniente con el que se suprimió el espacio en el que estaba instalado el bombeo. El gobierno local recepcionó la obra con el compromiso de reubicar la instalación de inmediato con medios propios. Pero ahí quedó la cosa.

Casi cuatro años después, los 117 fluxores -o grifos- de esta zona de Poniente siguen «tirando» unos 17.164 litros de agua potable anualmente, una cantidad que equivale al consumo medio de cien viviendas a lo largo de un año.

El grupo municipal del PP denunció la pasividad del ejecutivo municipal, formado por PSOE y CDL, en realizar esta obra, para la que el Ayuntamiento ya tiene determinado el lugar y los fondos con los que llevarla a cabo. En febrero de 2013, se realizaron unas catas y una serie de estudios y el Consistorio concluyó que la nueva estación de bombeo se ubicaría en la playa del Mal Pas para distribuir, desde allí, el agua salada al resto de la red. Además, la obra no costará ni un euro a las arcas públicas, ya que la inversión necesaria, algo más de 100.000 euros, correrá a cargo de la empresa concesionaria del servicio de agua, Hidraqua. Por eso, desde el grupo municipal del PP reclamaron ayer responsabilidades al gobierno local, al considerar que está realizando una «gestión muy negligente» para ahorrar recursos y minimizar los efectos de la sequía.

Calificación de playa «forestal»

Ahora bien, mientras se acordaban las anteriores decisiones, se produjo un capítulo decisivo, en el que el gobierno local se escuda como causa del retraso. En mayo de 2013, la Generalitat Valenciana aprobó el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), que calificó por primera vez las playas de Benidorm como «zona forestal». A partir de ahí, cualquier infraestructura que se proyecte en sus costas debe ir acompañada previamente de una evaluación de impacto ambiental, un trámite costoso y que demora en el tiempo el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente.

El concejal de Ciclo Hídrico, José Marcet (PSOE), lamentó que la realización de este estudio de impacto es un trámite administrativo «muy complejo, que contempla fases de exposición al público, alegaciones y recursos y nos impide que acometamos los trabajos de forma inminente». Por eso, avanzó que se continuará usando agua potable «mientras se desarrolla, aproximadamente un año más».

Para el PP, la aprobación del PATFOR «no es excusa, porque tuvieron todo 2012 y parte de 2013 para hacer la obra». Para Marcet, el consumo de estos lavapiés «no es excesivo», pese a ser comparable al de cien viviendas en un año, y dijo que cuando se dotaron «provisionalmente» de agua potable «había excedente de recursos hídricos». No obstante, reconoció que la situación ahora ha cambiado y avanzó su intención de «agilizar al máximo el estudio de impacto» para revertir esta situación «cuanto antes».

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