El gobierno local de Benidorm ha dado otro paso para intentar combatir la proliferación de excursiones gratuitas y sin licencia, que se publicitan de forma directa en la calle y que, en realidad, acaban teniendo como destino una exposición comercial, donde los usuarios, incluso, se ven forzados a comprar algunos productos. Para ello, el gobierno local llevará a pleno una modificación de la ordenanza municipal número 2, que regula las actividades que se realizan ocupando la vía pública, para extender las sanciones por esta práctica a las empresas explotadoras de este negocio, conocido popularmente como «manteros» y a las que a partir de ahora se podrá multar con hasta 1.500 euros.

Hasta la fecha, la normativa local ya prohibía el reparto de publicidad abordando a los clientes en plena calle, aunque limitaba la actuación de los agentes a los repartidores de este tipo de folletos. Empresas turísticas y agencias de viajes venían reivindicando desde hace años la necesidad de endurecer la prohibición, debido a que, como ocurre con otras actividades ilícitas, como el trile, la mayoría de empleados de estas empresas carece, cuando es sancionado, acaba declarándose incapaz de atender las multas por insolvente.

Ante esta problemática, que representa otra práctica de economía sumergida y competencia desleal contra las agencias que organizan excursiones autorizadas, el edil de Seguridad Ciudadana, José Marcet, explicó que, con el cambio de ordenanza dictaminado ayer en las comisiones, las sanciones a los repartidores de publicidad ilegal en la vía pública se tipificarán como «leves», con un importe máximo de hasta 750 euros; mientras que las de las empresas explotadoras serán «graves» y su importe se podrá elevar hasta los 1.500 euros.

Asimismo, el edil indicó que, cada vez que se proceda a una sanción, se dará traslado a la Inspección de Trabajo, la Agencia Triburaria y la Seguridad Social, para que puedan investigar y llevar a cabo posibles infracciones en materia de contratación o de contribución tributaria, ya que se ha constatado que, en la mayoría de los casos, el reparto de publicidad se realiza sin que exista ningún tipo de contrato entre trabajador y empresa.