El TSJ anula la ampliación de un contrato por el que el Ayuntamiento ingresó 2,5 millones

La sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado la nulidad del acuerdo plenario de mayo de 2010, por el que el pleno municipal acordó, con los votos en solitario de PSOE y el exedil tránsfuga José Bañuls, la ampliación de dicho contrato. Esta decisión se produjo a sólo tres meses de la caducidad de dicha adjudicación y a pesar de que dos años antes, en septiembre de 2008, la Corporación había acordado por unanimidad que no habría más prórrogas y que el servicio, adjudicado a Aquagest Medio Ambiente desde 1984, saldría a concurso público.

La decisión plenaria fue recurrida por otra empresa del sector, Aguas de Valencia SA, que inicialmente no fue admitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, al entender que la mercantil no estaba legitimada por carecer de intereses en dicho asunto. Esta misma empresa apeló posteriormente la decisión ante el TSJ, que ahora, en una sentencia firme dictada el 2 de julio de este año y notificada el pasado 8 de septiembre al Consistorio, ha decretado la nulidad de la ampliación de dicho contrato al considerarla contraria a derecho.

Entre los argumentos que llevan al TSJ a esta anulación, la sala indica que la decisión municipal no justifica el interés público de prorrogar este contrato; que no había necesidad urgente o inmediata de realizar obras de renovación en el sistema de bombeo y depuración; que no se incorporó al expediente el informe del secretario municipal; o que la licitación del servicio, finalizado el plazo de concesión en agosto de 2010, habría introducido el principio de competencia y el Ayuntamiento podría haber obtenido ofertas más ventajosas. Asimismo, mantiene que el acuerdo de 2010 no fue una mera ampliación del contrato, sino que se produjo una modificación sustancial del mismo.

Reacciones

El grupo municipal del PP de Benidorm, a través de su concejal José Ramón González de Zárate, advirtió ayer de que este fallo podría tener consecuencias «muy negativas» para las arcas municipales, puesto que el Ayuntamiento ingresó los 2,5 millones que en su día propuso la adjudicataria y gastó este dinero en saldar distintas deudas. Según el edil, al no ser legal dicho acuerdo, el Consistorio estaría ahora obligado a reintegrar a la mercantil Hidraqua estos 2,5 millones, más el dinero que hubiera gastado de otro plan de inversiones por valor de 5 millones, que se incluía en la prórroga para ejecutar a lo largo de los 14 años de concesión. González de Zárate calificó los hechos como «muy graves» y destacó, que en el pleno en el que se debatió dicho asunto, los populares habían advertido previamente de la ilegalidad del acuerdo.

Por su parte, la edil de Hacienda, Natalia Guijarro, reconoció que el Consistorio está buscando la fórmula para que esta sentencia no acabe gravando a las arcas municipales, para lo cual han solicitado a los técnicos que valoren todas las alternativas. Guijarro manifestó que el contrato primigenio, de cinco años de duración, permitía prorrogar el servicio cada dos años, por lo que el mismo podría seguir en vigor en base a dichas prórrogas. No obstante, señaló que entre las posibilidades que se van a estudiar «si continúa la situación actual y se va amortizando» -de este modo el dinero que pagó la mercantil- o si «se saca una nueva licitación» -y que sea la nueva concesionaria la que cargue con la deuda-. Por último, recordó que una parte de esos 2,5 millones fueron a pagar la deuda del consumo eléctrico de la estación depuradora, de la que culpó al PP.