La liquidación del histórico Súper de La Nucía, a la que se procedió el pasado 23 de enero, parece no haber acabado con el enfrentamiento que existía entre sus dos impulsores: dos de los hermanos Mendoza. Es más, la subasta de este espacio comercial, que ha dejado en manos su propiedad de la familia de Enrique Mendoza,Enrique Mendoza ha derivado en la apertura de un procedimiento judicial por vía penal en la que han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, el administrador de Sumegra -la empresa que gestionaba el súper-, Juan Mendoza, y uno de los dos liquidadores judiciales, José Andreu. Juan Mendoza acudió a los juzgados el pasado mes de mayo y Andreu hará lo mismo el próximo día 22 de este mismo mes.
Ambas citaciones se producen después de que Juan Bautista Mendoza, expropietario de este mítico supermercado de La Nucía, denunciara ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de La Vila Joiosa, una serie de presumibles hechos delictivos que considera que se habían producido durante el proceso de liquidación de Mencortés y Sumegra, sociedades creadas por los hermanos Mendoza para gestionar el establecimiento.
En la denuncia, Juan Bautista apunta como culpables hacia los dos imputados y el otro liquidador encargado de solventar el conflicto societario entre los hermanos.
Entre otras cosas, el denunciante entiende que Juan Mendoza debería haber cesado en su cargo de administrador de Sumegra tras comenzar, a principios de 2013, el proceso de liquidación, tal y como dice el artículo 374.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, Juan Bautista opina que se produjo una alteración de precios en la subasta, puesto que, según su letrado, todo se vendió en un único lote, «y esa fórmula obliga a que las consignaciones para poder participar sean necesariamente muy elevadas», dice. Cabe recordar que todo el patrimonio de Mencortés (en el que se incluye el supermercado de La Nucía y la sociedad Sumegra) se adjudicó por 2.214.000 euros.
Juan Bautista defiende que venderlo todo junto fue un sin sentido. «Por un lado, porque dentro de las propiedades de Mencortés hay algunas que no tienen nada que ver con el supermercado. Por otro, porque como hemos apuntado, eso deriva en que la consignación para participar en la subasta sea más elevada y se excluya a otros posibles compradores. Estos procesos de liquidación suelen hacerse por partes», argumenta el abogado de la parte denunciante.
Cabe recordar que los liquidadores, tras la subasta, comentaron que el hecho de haber vendido el supermercado como un bloque único tenía como fin «su continuidad; si hubiéramos vendido todo por partes se hubiera puesto en peligro el futuro de sus trabajadores», apuntaron. No obstante, el denunciante subraya que la «subasta notarial fue pensada, preparada y anunciada» para que no acudiera ningún postor a excepción del propio Enrique Mendoza.
Es más, trata de reforzar esta idea subrayando que también se produjo una vulneración del derecho de la información. En la denuncia se expone que los liquidadores convocaron una junta de socios el día 20 de enero, «sólo tres días antes de la subasta, lo que dejaba poco margen para estudiar los datos que nos iban a exponer y en qué términos se iba a llevar a cabo la liquidación», matiza el abogado denunciante.
También recuerda que ellos solicitaron acudir a las oficinas de Sumegra el día 17 para recabar información sobre los puntos a tratar en la junta. «Andreu nos contestó diciendo que en esta reunión no se iba a proceder a ningún votación y que ningún documento iba a ser sometido a examen y aprobación, por lo que no existía documentación previa que enseñar ni entregar a los socios».
Dicha denuncia la presentó el abogado de Juan Bautista el 20 de enero, ya que, según dice, se puso al frente de este asunto pocos días antes. Ni el liquidador ni la propia empresa que ahora gestiona el supermercado, Aelia Invierte (propiedad de la familia de Enrique Mendoza), quisieron realizar ninguna declaración ayer al respecto.
