Desde hace unos diez años las sierras alicantinas han experimentado un aumento de la población del arruí, una especie parecida a la cabra montés y catalogada como invasora por la Conselleria de Medio Ambiente. Un animal de gran valor porque, según indica el guarda de caza del término municipal de Polop, José Gabriel Fernández, sólo se puede encontrar en Almería, Murcia y Alicante. Pero, Fernández señala que se está produciendo un repunte de los cazadores furtivos de arruís en la provincia.
Tal y como explica el guarda, el departamento autonómico de Medio Ambiente es el encargado de repartir un número limitado de licencias a los cotos de caza. Y es el titular de éstos quien las distribuye entre sus miembros. La Generalitat entrega el número estimado para asegurar el equilibrio de las poblaciones. Para que la caza esté dentro de los condicionantes permitidos se exige que el cazador coloque el precinto en la lengua o la oreja, sacar fotos al animal, rellenar la autorización con los datos y llamar de inmediato al agente medioambiental para que compruebe su autenticidad, todo ello antes de abandonar el lugar.
Pero hay cazadores que obvian todos estos pasos. Fernández dice que algunos de ellos abaten al arruí y lo transportan a sus casas directamente, sin colocar el precinto -o crotal- reglamentario ni avisar a los guardas. Esta práctica irregular les permite seguir cazando más ejemplares, al no quedar registrada oficialmente la pieza.
Pero no siempre sale bien. Aunque no es fácil, los agentes sorprenden algunas veces a estos cazadores furtivos con las piezas sin el precinto y con el documento sin rellenar. «Algunos se excusan diciendo que no sabían que había que colocarle el crotal y otros argumentan que no había cobertura para llamar», explica Fernández. Y añade: «Creen que no se controla y que una vez pillados sólo se les va a llamar la atención».
Desde la Conselleria de Medio Ambiente admiten que este problema existe desde hace tiempo y que es difícil de detectar. El viernes se interpuso una denuncia a un cazador por este motivo, explican. Fernández indicó también que la semana anterior «una patrulla rutinaria de los agentes medioambientales, en colaboración con la de los guardas de caza, confrontamos con un vehículo en las inmediaciones del Puig Campana y lo registramos porque habíamos escuchado unos disparos con anterioridad». Finalmente, le sancionaron y le requisaron la pieza: una hembra arruí escondida en el maletero y separada del precinto, que guardaba en otro habitáculo.
Estos cazadores se enfrentan a una sanción administrativa que varía entre los 300 y los 1.000 euros. Y de prosperar la denuncia, podrían retirarle la licencia, según explican desde Medio Ambiente. En el caso de que éstos fueran sorprendidos sin autorización ni precinto, estarían incurriendo en un delito.
