El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó ayer sus presupuestos municipales para 2014 en una sesión plagada de polémica. Aunque en esta ocasión, las peores escenas no se vivieron en el salón de plenos, sino fuera del edificio. Agentes de la Policía blindaron por completo el Consistorio para impedir la entrada a miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que a la misma hora había convocado una concentración autorizada para reclamar más partidas municipales destinadas a ayudar a personas en riesgo de perder su vivienda en Benidorm.
Una docena de agentes de la Policía Local se apostaron en la entrada del Ayuntamiento, tanto dentro como fuera. Mientras, en el exterior también se desplegaron otros once agentes de la Policía Nacional con dos vehículos, si bien estos últimos no intervinieron en ningún momento, al producirse la concentración de manera pacífica.
Alrededor de veinte minutos después de haberse iniciado el debate plenario, algunos representantes de la plataforma, junto a los que también se concentraron militantes de Compromís per Benidorm y Esquerra Unida, intentaron acceder al salón de plenos para poder seguir en directo el debate. Y aquí es cuando la Policía Local intervino para cortarles el paso.
Los agentes cerraron la puerta -incluso con llave- y negaron el acceso al edificio a los cerca de 40 manifestantes sin ofrecer ningún tipo de explicación. Tampoco pudieron entrar momentáneamente por la puerta principal ciudadanos que acudían a realizar trámites, mientras que algunos funcionarios tuvieron que identificarse para poder hacerlo. Minutos después, el coordinador municipal del área de Seguridad se personó para indicar a los miembros de la plataforma que «de manera preventiva» se les había negado el acceso al pleno, porque su misión era salvaguardar que la sesión plenaria «funcionara con normalidad», aludiendo a la ocupación que la plataforma realizó hace semanas en una sucursal bancaria del centro de Benidorm.
Ante tal afirmación los manifestantes lamentaron que se les tratara «como auténticos delincuentes». Uno de sus portavoces, José Miguel Bella, se trasladó al Juzgado de guardia para denunciar los hechos y, además, solicitar la paralización del pleno por estar «infringiendo el derecho constitucional de transparencia». Los manifestantes también registraron en el Ayuntamiento una treintena de escritos de queja por los ocurrido.
Los miembros de la PAH explicaron que acciones como la llevada a cabo en Benidorm ya se han producido en otros municipios de la Marina Baixa, y en ninguno de ellos les han prohibido el acceso. Como ejemplo, detallaron que en l´Alfàs del Pi y en Altea la moción presentada por la plataforma ha sido aprobada en sesión plenaria, mientras que en La Nucía fue rechazada por el PP, aunque allí tampoco se les prohibió entrar al pleno. En Benidorm, pese a que el escrito se presentó en marzo, sigue sin haber recibido respuesta por parte del ejecutivo local.
Cara a cara con Navarro
Dentro del edificio consistorial, previo al cierre de las puertas por parte de la Policía, se encontraban algunos miembros de la PAH que habían entrado registrar a las quejas de quienes permanecían en el exterior. Concluida la sesión plenaria, se dirigieron al alcalde para transmitirle su desacuerdo con la decisión de no dejarles entrar. Agustín Navarro les invitó a subir a su despacho para entrevistarse con algún representante de la plataforma. Pero los miembros de la PAH exigieron que el primer edil «diera la cara ante los ciudadanos» y aludieron a que en varias ocasiones habían solicitado entrevistarse con él sin una respuesta afirmativa.
Explicación municipal
El gobierno local de Benidorm, a través de un comunicado, lamentó los momentos de tensión vividos en el exterior del Consistorio y justificó que no se permitiera la entrada al edificio por una decisión «técnica», ya que «algunas de las personas de la protesta que se disponían a acceder al salón de plenos, alegando su condición de vecinos, ya habían ocasionado altercados en otras ocasiones, interrumpiendo el normal desarrollo del pleno». Según el escrito, la decisión pretendía «garantizar que el órgano en que reside la soberanía popular pudiera realizar su función» y agrega que el salón de plenos es «un espacio reservado a los vecinos que querían seguir la sesión sin altercados».
El escrito recalca que tanto el alcalde como el edil de Bienestar Social, Conrado Hernández, invitaron a subir al despacho a representantes de la PAH, sin éxito. El único que salió a dialogar con los manifestantes fue el edil de Educación y secretario general del PSOE local, Rubén Martínez. Compromís y EU censuraron los hechos y los tildaron de un «menosprecio a la democracia».
