El Gobierno local de la Vila Joiosa aprobó ayer de manera provisional, tras tres años con las cuentas prorrogadas, el presupuesto municipal de 2014 que contempla una cuantía total de 30.080.000 euros y se ciñe al nuevo plan de ajuste elaborado por el Gobierno central. La oposición -Gent per La Vila, PSOE y Esquerra Unida- mostró su disconformidad y votaron en contra del documento.

El edil de Hacienda, Francisco Pérez Melero, explicó que de los 30 millones de euros, la mayor parte de ellos están destinados a la partida de gastos de personal, en total 12,5 millones de euros, y a la de servicios, cuya cuantía es de 9,6 millones. Además, Pérez Melero indicó que para el pago de la amortización e intereses de la deuda están presupuestados 5,8 millones de euros.

Uno de los temas que más polémica suscitó en el pleno fue el de las dotaciones previstas para el pago de las sentencias judiciales. El equipo de gobierno afirmó que, siguiendo las indicaciones del informe de Intervención, en el presupuesto se habían consignado aquellas resoluciones firmes, excepto algunas en las que faltan por cuantificar las costas judiciales o conocer el importe que el Ayuntamiento ha de pagar a los demandantes. El edil de Hacienda indicó que entre el periodo de 2010 a 2013 el Consistorio había pagado 3,2 millones de euros relativos a sentencias y había consignado 6,5 millones de euros. En el documento de este año hay presupuestado para el pago de las resoluciones judiciales desfavorables una cuantía de 1,3 millones, concretó el concejal. El edil detalló que 570. 475 euros son para el reintegro de las sentencias del Patrimonio Municipal del Suelo y más de 600. 000 euros para hacer frente a los intereses de una resolución a favor de la empresa de construcción Elsamex.

En el pleno, Gent per La Vila y PSOE mostraron su disconformidad por la no inclusión de algunas sentencias en el documento. Entre ellas, el edil socialista Gaspar Lloret explicó el caso de «la senyorita de l'Hort», ya que en 2013 el Ayuntamiento había fijado ante los tribunales el valor del terreno en 1,8 millones de euros y por ello defendió que debería estar incluida en los presupuestos, según Lloret.

Por su parte, Esquerra Unida argumentó que votaba en contra del nuevo documento de presupuestos porque «es una prorrogación acoplada a los nuevos planes de ajustes y no se ha movido dinero para asuntos sociales».