El benidormí Francisco de León, descendiente de una histórica familia de terratenientes del municipio, ha reclamado al constructor Enrique Ortiz 62.098 metros cuadrados de suelo rústico en la zona de El Moralet, unos terrenos ya expropiados por los que el Ayuntamiento debe, al menos de momento, pagar a la mercantil propietaria del suelo -Iniciativas Comerciales de Benidorm S.L. (Incobe)- 5,9 millones de euros.
La reclamación que este arquitecto, actualmente jubilado, ha hecho en los tribunales de esos 62.000 metros -lo que viene a ser un 20% del suelo que Ortiz dice que es de su propiedad- ha ido acompañada de una petición al Ayuntamiento de Benidorm para exigir la nulidad del proceso de expropiación forzosa promovido por Incobe por el que las arcas municipales tendían que abonar a esta mercantil los citados 5,9 millones.
Este es el precio del suelo que ha respaldado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras aceptar un recurso de Ortiz para asegurarse ese dinero a modo de «fianza». La cifra fue previamente acordada por el Jurado de Expropiación Provincial tras no ponerse de acuerdo el Ayuntamiento, que valoró el suelo en 73.000 euros, y el constructor alicantino, que solicitaba por la expropiación de los 345.000 metros cuadrados que afirma tener 47 millones de euros.
Precisamente, el Ayuntamiento de Benidorm consideraba que Ortiz había presentado como suyos más metros cuadrados de los que ha podido acreditar. Esa deuda millonaria con el constructor, imputado en varias ramas del caso Brugal y en el conocido caso Gürtel, obligó al Consistorio a prorrogar el presupuesto de 2013 para poder asegurar los 5,9 millones a Ortiz.
La firma propietaria del suelo de El Moralet, participada en un 50% por Enrique Ortiz y en otro 50% por el empresario Antonio Solana, adquirió los terrenos con los que ahora el Ayuntamiento pretende ganar metros de parque urbano recogidos en el Plan General. Una vez iniciado el proceso de expropiación, un tercero ha puesto el grito en el cielo y ha instado al Ayuntamiento a declarar defectuoso el proceso de enajenación promovido por Incobe en la partida de El Moralet al no haberse tenido en cuenta que hay terrenos que no son suyos. El reclamante del 20% del suelo ha demandado a la mercantil participada por Ortiz y Solana y ha puesto en jaque el pago, al menos por el momento, de esos 5,9 millones de euros a los dos empresarios de Incobe S.L.
Según alega Franciso de León en su demanda, el Ayuntamiento ha realizado la expropiación de El Moralet en base a los datos catastrales presentados por Incobe sin tener en cuenta el Registro de la Propiedad, que es donde de León figura como dueño de una finca de 62.098 metros desde el año 1978. De hecho, cuando se construyó la carretera N-332, según recuerda en su demanda, fue compensado por el Ministerio de Fomento por la expropiación de sus terrenos lindandes con la carretera. La finca quedó dividida en dos con la construcción de la vía y ahora reclama parte de la zona sur.
Se trata de un nuevo problema para Ortiz en Benidorm después de que el Ayuntamiento haya iniciado los trámites para retirarle la condición de agente urbanizador del mayor plan urbanístico de la ciudad: el Armanello. El TSJ dio la razón a varios propietarios del suelo de Armanello tras aceptar sus quejas, en las que denunciaban que Ortiz iba a hacerles cargar con las mejoras ofrecidas en el plan.
El tribunal autonómico obligó al gobierno local a pactar con Ortiz un nuevo plan urbanístico tras anular el anterior Armanello, aunque ratificó que el constructor continuaría siendo el agente urbanizador. Pero Benidorm se aferró a varios puntos legales para llevar su guerra con Ortiz hasta el final y dejarle sin Armanello, un plan en el que se prevé la construcción de más de 3.500 viviendas.
Medidas municipales
El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, indicó ayer a preguntas de este diario que ha recibido el escrito presentado la semana pasada por de León a través del Registro Municipal solicitando que la expropiación de El Moralet se anule por defectuosa. Afirmó que Urbanismo está estudiando qué medida tomará si se acredita que Francisco de León es dueño de ese suelo, y explicó que ahora ese pago de 5,9 millones a Incobe se queda en el aire, porque «o bien pagamos la proporción correspondiente a este reclamante o bien anulamos el proceso de expropiación y empezamos de cero. Lo están estudiando los técnicos», manifestó.
