Tras más de una década de tiras y aflojas en relación a la mayor bolsa de suelo que queda por urbanizar en Benidorm, el Ayuntamiento de la ciudad ha decidido poner un punto y final a los frentes abiertos con el constructor alicantino Enrique Ortiz dentro del plan Armanello. El concejal de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra, elevará el lunes a pleno por la vía de urgencia una moción para retirar a Ortiz la condición de agente urbanizador de este sector, ubicado en la zona de Levante y que abarca una superficie de 667.000 metros cuadrados, en los que estaba prevista la edificación de 3.600 viviendas en una veintena de rascacielos. De esta forma, el Consistorio dará el primer paso de un nuevo -y presumiblemente largo- proceso, ya que todo apunta a que la ciudad se verá, una vez más, abocada a pleitear con Ortiz en los tribunales.
El constructor alicantino, implicado en tramas de corrupción como Gürtel y Brugal, recibió en el año 2001 la adjudicación municipal para urbanizar la zona y, un año después, el pleno aprobó definitivamente el PAI. Entre las razones que le valieron a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos para hacerse con este programa, una de las de mayor peso fue su propuesta económica, que, entre otras cuestiones, comprometía una aportación adicional de 10.000 de las antiguas pesetas por cada metro cuadrado de techo útil generado por el planeamiento. O dicho de otra forma, ni más ni menos que 17,5 millones de euros para reforzar y mejorar las infraestructuras y servicios previstos en el proyecto.
Ahora bien, el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado entonces por el PP de Vicente Pérez Devesa, no tuvo en cuenta que el constructor tenía previsto repercutir el pago de dichas mejoras a los propietarios del suelo, con unas cargas de urbanización muy por encima del máximo legal, fijado en el 10% y que en el caso de Armanello ascendía al 34%. Así que varios propietarios recurrieron el planeamiento y el TSJ les dio la razón en marzo de 2012, cuando a través de dos sentencias anuló dichas cargas y obligó a redactar un nuevo PAI.
Los fallos judiciales no ponían pegas a los 17,5 millones comprometidos por Ortiz, sino a que estos tuvieran que ser íntegramente sufragados por los propietarios del suelo. Así que el Ayuntamiento, en varios acuerdos plenarios, acordó exigir al contratista que la redacción del nuevo planeamiento siguiera incluyendo esa aportación monetaria. Es decir, que ajustara la distribución de las cuotas de los dueños de suelo al 10% marcado por ley y que el resto corriera a cuenta del propio Ortiz. Sin embargo, el constructor hizo caso omiso y de un plumazo suprimió las mejoras, a las que se ha seguido oponiendo en varios requerimientos formulados por el Ayuntamiento, el último de ellos, el pasado 19 de junio, según se recoge en la moción que irá el lunes a pleno.
Otro largo proceso
Ante todas estas negativas, el gobierno local considera que ha llegado el momento de retirar a Enrique Ortiz la condición de agente urbanizador de Armanello, como ya anunció que haría en octubre del pasado año el concejal de Urbanismo, si Ortiz se desentendía de estas cargas. Y todo apunta a que, trece años después de que se le adjudicara el sector, al Ayuntamiento todavía le quedará por recorrer un largo camino para cerrar polémico capítulo del urbanismo local.
De hecho, tal y como recoge la moción, la resolución de la adjudicación habrá de acordarse primero por el pleno, aunque fuentes del gobierno local destacaron ayer que podría haberlo hecho el alcalde directamente por decreto, pero que se ha hecho así para «dar mayor transparencia». En segundo lugar, se dará un plazo de audiencia de diez días al urbanizador, la entidad avalista y los propietarios, con el fin de puedan formular alegaciones. Si hay oposición por parte de Ortiz, también habrá que solicitar al Consell Jurídic Consultiu que emita su dictamen, preceptivo aunque no vinculante. Y, por último, el Consejo Superior de Territorio y Urbanismo, cuyas facultades ejerce la Secretaría Autonómica de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la misma Conselleria, también deberá emitir informes sobre la legalidad de la propuesta, para confirmar que concurren las causas para la resolución de esta adjudicación.
Tras realizar todos estos trámites previstos en la moción, a Ortiz aún le quedaría un paso para seguir defendiendo su continuidad en Armanello: el Contencioso-Administrativo, vía en la que empresario y Ayuntamiento también pleitean por otros asuntos, como el precio de la expropiación de suelo en la partida del Moralet.
