Dar mayor sensación de seguridad jurídica tanto a empresarios dedicados al turismo como a los propios visitantes a nuestra provincia. Éste es uno de los objetivos de la Sección de Derecho del Turismo que está impulsando el Colegio de Abogados de Alicante (Icali) y que tendrá como sede las partidas judiciales de Benidorm y Dénia.
El decano del Colegio, Fernando Candela, señala que se trataría de la primera sección colegial de este tipo que se crea en nuestro país, por lo que la provincia se convertiría en una referencia en cuanto a investigación y formación de la materia jurídica relacionada con el turismo. La génesis de esta iniciativa parte de un acuerdo de colaboración que Icali ha sellado con la Agencia Valenciana de Turismo para que les cedan parte de las instalaciones de Invattur con fines docentes y formativos.
Carmen Díaz, delegada en Benidorm de Icali, ocupará el cargo de vocal en la sección junto a Esperanza Tur, que ostenta su mismo puesto en Dénia. Díaz señala que entre los objetivos que tiene este nuevo proyecto está el de organizar cursos, jornadas y ponencias relacionadas con la actividad turística, así como fomentar que los abogados que se quieran sumar profundicen e investiguen más en este tipo de conocimientos jurídicos. «De hecho, tenemos previsto en el futuro la creación de un Observatorio del Turismo, en el que también puedan entrar magistrados y miembros de los organismos públicos expertos en este sector primordial en nuestro territorio. Queremos convertirnos en una órgano consultivo para los letrados que tengan dudas respecto a estos temas. Nuestra intención es formar a los profesionales de nuestro gremio, que estén mucho más especializados en los asuntos turísticos con los que se encuentran a diario», dice.
Y es que el derecho del turismo, que no deja de ser un tema de estudio novedoso, toca tangencialmente multitud de áreas jurídicas: la mercantil, la urbanística, la penal, etcétera. «Por ejemplo, contemplaría todas las cuestiones legales a las que se enfrentan los empresarios turísticos (agencias, hoteles, touroperadores) para realizar sus contrataciones. O los conflictos que le pueden surgir a un visitante extranjero que sufre un altercado o una estafa en el viaje que ha contratado. También podría entrar dentro de nuestro ámbito de estudio las obligaciones fiscales de un extranjero que decide residir en España o adquirir una vivienda. Es evidente que el campo de investigación es amplísimo», destaca la delegada.
Carmen Díaz augura para julio poder realizar una presentación oficial de la sección, con la presencia de un ponente especializado en el tema. Después, tratarán de darle contenido para después llevar a cabo cursos de formación.
