Los movimientos políticos del exconcejal y ahora cargo de confianza del gobierno de Benidorm, José Bañuls, no dejan indiferente a nadie. El asesor en la cartera de Movilidad presentó ayer, ante el alcalde Agustín Navarro y la comisión municipal creada para investigar la expropiación de Foietes, un escrito en el exige que el Ayuntamiento inicie acciones legales «para la defensa de los bienes y derechos» municipales en relación a este expediente y reivindica su derecho como ciudadano de Benidorm de llevar a juicio el caso, a nivel particular y en nombre del Ayuntamiento, si el Consistorio no actúa primero.

El exconcejal de Movilidad se ampara en el artículo 68 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que cualquier vecino puede requerir a su Consistorio que ejerza las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. «Si en el plazo de treinta días la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la entidad local», se precisa en este artículo.

La maniobra del tránsfuga, iniciada según afirmó por su cuenta y riesgo, se produce después de que se haya cumplido un año desde la creación de una comisión de investigación para esclarecer por qué el Ayuntamiento acabó pagando por un suelo expropiado en Foietes diez veces más de lo que estaba previsto inicialmente. Bañuls explicó a este diario, no obstante, que confía en la comisión de investigación. «Supongo que todas sus indagaciones derivarán en la incoación de un procedimiento para depurar responsabilidades en uno de los casos más graves de negligencia política que ha vivido esta ciudad», declaró. No obstante, quiso matizar que «si finalmente se decidiera archivar este caso y no se realizara ninguna acción legal contra los que, desde mi punto de vista, cometieron el fallo, estaría dispuesto a denunciar estos hechos ante un tribunal en nombre del Ayuntamiento. Para mí los culpables fueron los responsables de la concejalía de Urbanismo en 2006, que dirigía el señor Manuel Agüera, del Partido Popular».

Cabe recordar que el Consistorio benidormense ha acabado pagando 2,7 millones de euros por un terreno expropiado en la partida de Foietes, que en 2004 fue tasado por 270.000 euros. La versión socialista, y también del independiente Bañuls, apunta hacia la concejalía de Agüera como la culpable en 2006, por decidir no personarse en los juzgados para defender los intereses del Ayuntamiento en esta expropiación. El concejal del PP señalado compareció ante la comisión para afirmar que su actuación se hizo siguiendo las recomendaciones de los técnicos.

Por contra, la versión popular, por contra, dirige su dedo hacia el edil socialista Jaime Linares que, según el PP, en 2010 firmó un acta en la que comprometía al Consistorio a pagar «la deuda con 900.000 euros del Plan Confianza y el resto se abonaría a través de un convenio o en metálico -en 2009 el propietario de los terrenos, Pablo Bergia, reclamaba 1,7 millones-». El PP aseguraba en su momento que no entendía por qué no se optó por llevar a cabo ni el acuerdo ni el pago. Este exedil también compareció en su día para responder sobre su gestión.