Mientras el Ayuntamiento de La Vila ha ido imponiendo multas a los vecinos, muchas de ellas coercitivas como consecuencia del artículo 31 de la ordenanza municipal que acaba de ser derogado, el Consistorio no rehabilita sus propiedades, pese a estar algunas en mal estado como ya advertía un informe, hace más de 6 años, encargado a la empresa adjudicataria de sucesivas actuaciones en el núcleo histórico tras varios desplomes.
El motivo es que al redactar la Ordenanza de la Conservación y de la Inspección Técnica de Edificios se incluyó un punto que eximía pasar las ITEs a inmuebles propiedad de Organismos Públicos, y por extensión, acometer sus reformas.
Sin embargo, tal punto es contrario a Derecho, según Sentencia de 26 de junio de 2007 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que consideraba «disconforme a Derecho» eximir de ITES «a personas jurídico-públicas -como son los organismos públicos-, representaciones diplomáticas y organismos internacionales».
La existencia de una lista «negra» de edificios municipales se conoció en 2009, cuando se anuló el proyecto que proyectaba restaurar 20 y convertirlos en apartamentos turísticos, así como para ampliar el consistorio con los números 10 y 12 de la calle Mayor.
Desaparición de casas
Actualmente está abierto, por otra parte, el Estudio de Integración Paisajística del Plan especial de protección y conservación de la ciudad histórica de la Vila Joiosa, que incluye la demolición de algunos edificios privados. El sábado 26 de abril, a las 17 horas en la Casa de la Juventud la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo tratará este punto, entre otros. La reunión es abierta al público.
