La reclamación económica por la vía judicial que la empresa organizadora del Low Cost Festival ha interpuesto contra el Ayuntamiento de Benidorm fue ayer motivo de una nueva bronca política entre gobierno y oposición. La mercantil ha recurrido a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo para reclamar el pago de 363.000 euros por la subvención que el gobierno local comprometió para el 2013 y que, después, suprimió con el plan de ajuste.

Ante esta situación, el grupo municipal del PP recordó que el gobierno local pretende adjudicar un contrato al mismo empresario, ahora al frente de la mercantil Producciones Baltimore SL, para los próximos siete años. El portavoz popular, Antonio Pérez, indicó que el nuevo contrato «huele a trapicheo -del Ayuntamiento- o a chantaje -de la mercantil-» y exigió al Consistorio que se limite a garantizar el evento de este año y, a partir de ahí, negociar otro procedimiento para los sucesivos.

El edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, también denunció que la empresa ha incumplido el plazo de 5 días -y no de 15 como dijo el gobierno- para subsanar el conflicto sobre el uso de la nueva marca «Low Festival». Ferrer y Pérez pidieron la dimisión del edil de Eventos, Conrado Hernández.

Por su parte, Hernández insistió ayer en que la reclamación judicial «es igual que la que pueda tener cualquier otra empresa, como FCC por la revisión de precios» y lamentó que «la oposición lo que quiere es que no se haga este festival».