El equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, comandado por el Partido Popular, aprobó ayer la modificación presupuestaria y la generación de crédito suficiente para poder hacer frente a la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV) que le obliga a abonar 2,9 millones a una UTE. Este pago se tiene que efectuar por la instalación de las escaleras mecánicas en el Parque Censal que realizó esta unión temporal de empresas en el año 2008. El PP sacó adelante la moción sólo con los votos de sus concejales, ya que Gent per La Vila se abstuvo y Esquerra Unida y PSOE se opusieron.
Este caso parte de un contrato que se pactó en 2006 para que esta UTE instalara unas escaleras mecánicas a cambio de una permuta de unidades de aprovechamiento de patrimonio municipal del suelo en el plan parcial PP-34. Como este plan no se ejecutó, esta empresa demandó que se le pagara en líquido y finalmente el TSJCV le dio la razón con una sentencia en firme.
No obstante, el alcalde de La Vila, Jaime Lloret, anunció en el salón plenario que han presentado una apelación ante el tribunal valenciano en la que muestran su disconformidad con tener que pagar con dinero esta deuda. «Lo que tratamos de hacer con esta apelación a la ejecución de la sentencia es, por un lado, decir que ya hemos pagado, debido a que se realizó un convenio y, por lo tanto, ya se le abonó con unidades de aprovechamiento a esta mercantil», argumentó a este diario el concejal de Hacienda, Francisco Pérez Melero. También añadió que «por otro lado, si no aceptan esta fórmula -que, de hecho, es la que ha tirado para atrás el TSJCV en su sentencia-, pretendemos que se nos permita pagar con terrenos. El tribunal valenciano dice que tenemos una deuda económica, pero el concepto de económico no tiene por qué ser monetario, tal y como exige el Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, que es el que ejecuta la sentencia. Consideramos que también se podría satisfacer una deuda económica en especies».
Sentencia firme
Ni esta apelación ni un recurso de impugnación presentado por el Ayuntamiento a la providencia que le ha obligado a aprobar esta medida en el pleno, frenan que se tenga que ejecutar la sentencia, al ser firme. El propio alcalde y el edil de Hacienda señalaron que se establecerá un calendario de pago, aunque todavía no pueden precisar cuándo.
El portavoz municipal del PSOE, Gaspar Lloret, recordó que el importe se verá incrementado con el interés legal del dinero si se demora el abono. «Si tardamos más de la cuenta, podríamos estar hablando de 3,2 millones de euros para las arcas públicas», matizó el socialista. Este concejal explicó también que su formación votó ayer en contra en el pleno por la forma en la que se ha generado este crédito. La fórmula ha consistido en tirar de medios financieros del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). Según recordó Gaspar Lloret, el Ayuntamiento fue condenado hace alrededor de 8 años a devolver más de 23 millones por utilizar los ingresos por venta de PMS para financiar diferentes obras municipales como las propias escaleras mecánicas, el campo de fútbol o el Auditorio.
Esto se debe a que con estas actuaciones contradecían la ley urbanística de ese momento, la RAU, que imponía que los fondos de PMS se destinaran a VPO o a una intervención municipal en el mercado inmobiliario con fines sociales. Años después, la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) permite que los ingresos generados por PMS se puedan destinar a conceptos de interés social. Hace unos meses, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza para que diferentes obras, ya materializadas, entraran dentro del bloque de lo que el Consistorio considera interés social.
Entre ellas, las escaleras mecánicas, con el fin de poder destinar estos medios financieros antes citados a generar el crédito con el que se ha hecho frente a esta sentencia dictada por el TSJ. El portavoz del PSOE se mostró muy crítico con esta medida, ya que «contradice el espíritu del rendimiento social que se le tiene que dar a los frutos del Patrimonio Municipal del Suelo». También fue incisivo en el hecho de que la interventora, aunque en su informe señala que esta modificación sí cumple con la estabilidad presupuestaria, no se garantiza la liquidez por parte de Tesorería. Es decir, el dinero contante y sonante para hacer frente a este pago, el Ayuntamiento, a día de hoy, no lo tiene.
El alcalde de La Vila, Jaime Lloret, respondió diciendo que sólo disponían de esta opción u otra que definió como «matar», que se traduce en recortar el presupuesto a las concejalías. Gaspar Lloret quiso matizar que el ciudadano va a pagar estos 3 millones, «ya que los terrenos, actualmente, se han devaluado muchísimo».
Por su parte, el concejal de Esquerra Unida, José Carlos Gil, sostuvo que no entiende como un tribunal, en un primer momento, le dio la razón al Ayuntamiento respecto a este convenio y después, el mismo, se la quitó. «Pues vaya justicia...», consideró el edil.
