El pleno de La Vila Joiosa aprobó ayer la propuesta del alcalde de reducir su salario anual y el número de personal eventual del Ayuntamiento. Esta medida se adopta para cumplir con la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor el 31 de diciembre.

De esta forma, el alcalde de la ciudad, Jaime Lloret, se reducirá el sueldo anual en algo más de 6.000 euros. Sólo él verá reducido su salario, puesto que es el único edil de la corporación que hasta ahora cobraba más de lo estipulado en la nueva norma. En concreto, pasará de ganar 61.203,1 euros brutos al año, a 55.000 ?. Este sueldo será distribuido en 14 pagas, siendo dos de ellas extraordinarias a percibir en junio y diciembre. Al mes supondrá una bajada de 2.800 euros netos a unos 2.600, aunque en el bruto la reducción ascenderá a unos 443 euros mensuales. Como dicha modificación será efectiva a partir de la nómina de marzo, el dinero que ha cobrado «de más» en enero y febrero con el sueldo anterior, se restará de la paga extra de junio, según explicó el alcalde a este periódico.

En cuanto a la eliminación de los cargos de confianza, hasta ahora el Ayuntamiento tenía 12 trabajadores: el PP contaba con nueve, mientras que el PSOE, EU y Gent per La Vila poseían uno cada uno, aunque los dos últimos partidos a media jornada. Debido a este acuerdo despedirán a cinco empleados, para así mantener siete puestos a tiempo completo, el número máximo que permite la ley a las poblaciones que cuentan entre 20.000 y 50.000 habitantes. Este acuerdo será publicado el próximo lunes en el BOP y transcurridos 15 días se harán efectivos dichos despidos. Asimismo, los siete empleos a jornada completa que se salvan de la quema son: el jefe de Gabinete, el jefe de prensa y cinco puestos de secretario de grupo, tres de ellos para el PP, según fuentes municipales.

El Consistorio cumplía con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, pero no con el tercer requisito: el de morosidad. Esto es, que el período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que acometer estos ajustes ahora, y no el 30 de junio de 2015.