Los Ayuntamientos de l'Alfàs del Pi y Altea no quieren que los niños de sus municipios se vean obligados a cambiar el próximo curso todos los libros de texto de primero, tercero y quinto de Primaria, con el consiguiente gasto para sus familias, como recoge la nueva «Ley Wert». Para ello, han hecho frente común con representantes de cerca de 650 colegios de la provincia, junto a los cuales han firmado un escrito dirigido al director territorial de Educación en el que exigen la paralización de esta medida que prevé la LOMCE. A su juicio, este cambio de manuales «tirará por tierra los proyectos de socialización y bancos de libros» impulsados el pasado año y que, sólo en l'Alfàs, han supuesto este primer curso un ahorro de 160.000 euros, tal y como trasladaron ayer fuentes municipales de l'Alfàs, así como el coordinador del proyecto de socialización de libros, Javier Pascual.

La petición fue presentada el pasado viernes en mano a José Antonio Rovira, director territorial de Educación, en un encuentro en el que participaron Ramón López y Sonia Tirado, presidentes de las FAPAS Gabriel Miró y Enric Valor, respectivamente, acompañados por los representantes de los ayuntamientos de l'Alfàs del Pi y Altea, así como por Javier Pascual.

En dicho escrito se solicita a Conselleria de Educación que considere la decisión adoptada por su homóloga en la Comunidad de Madrid, donde la consejera de Educación Lucía Figar, ya se ha mostrado contraria a cambiar los libros de texto: «No creo necesario cambiar los libros de texto en Primaria. Voy a enviar una circular a todos los centros diciendo que los libros actuales son totalmente válidos, no hace falta tirarlos a la basura», tal y como declaró esta política del PP madrileño, postura que los centros de la provincia quieren ahora que se adopte también en la Comunidad.

Fuentes municipales de l'Alfàs aseguraron ayer que en la reunión celebrada el viernes, el director territorial «se comprometió a entregar personalmente la petición a Conselleria y además hizo especial hincapié en que la decisión de la Consejera de Educación de Madrid es la más acertada». Asimismo, Javier Pascual lamentó que esta ley represente un «negociazo para las editoriales. Ya nos explicarán qué ha cambiado en Matemáticas o Castellano para tener que cambiar todos los libros».