El Ayuntamiento de Benidorm ha llevado hasta el esperpento la aplicación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que obliga a reducir en un 50% la cuota de cargos de confianza. En menos de una semana, el alcalde Agustín Navarro ha rectificado hasta en tres ocasiones el anuncio de cese de once de los 23 asesores con los que cuentan los grupos políticos; la última de ellas, ayer mismo. El primer edil confirmó a este diario que los once trabajadores de los que se tiene que desprender el Ayuntamiento ya no podrán permanecer en el Consistorio hasta abril, sino que serán cesados «de inmediato». Esto es, entre el lunes y el martes de la próxima semana.
La nueva decisión del alcalde está motivada por un informe, firmado el pasado 4 de febrero por el interventor municipal, en el que desdice el dictamen realizado días antes por el secretario e insta al primer edil a despedir a los once trabajadores de forma «inminente». El técnico «aconseja» a Navarro «la obligación de la aplicación sin mayor demora» de dichos despidos y, además, le advierte de que «cualquier decisión diferente se haga en base a un informe inequívoco, que asuma plenamente las responsabilidades patrimoniales que se puedan derivar». Es decir, que si no se aplica la ley, podría causar a quien sustente la decisión un importante perjuicio económico.
Como ya contó días atrás este diario, el Ayuntamiento de Benidorm tiene que despedir a once cargos de confianza porque no cumple con el requisito de estabilidad financiera -diferencia entre la deuda viva con los bancos e ingresos reales- que marca la nueva ley de Sostenibilidad. El Consistorio tiene un coeficiente del 128%, mientras que la ley sólo permite disponer de un 110%.
Tras conocer este dato, derivado de un informe de Intervención fechado el 17 de enero, el gobierno local, formado por PSOE y CDL, anunció la pasada semana que despediría a los once trabajadores antes del 1 de febrero. No obstante, el alcalde solicitó al secretario municipal, como técnico de mayor rango en asuntos legales, que indicase si había la posibilidad de postergar dichos despidos. El jueves, 30 de enero, este funcionario emitió un informe en el que ratificaba que los ceses podrían aplazarse hasta el 30 de abril, cuando está previsto que el Ministerio de Hacienda publique el listado de municipios que no cumplen con las medidas de estabilidad económica y financiera.
Sin embargo, frente a este dictamen, el interventor municipal ha realizado esta semana otro informe, en el que enmienda al secretario y considera que el aplazamiento hasta abril sólo es posible para los ayuntamientos «que cumplan con los objetivos de estabilidad», algo que no ocurre en el caso de Benidorm y por lo que «no puede acogerse a dicho régimen». El técnico económico recuerda al alcalde que la nueva ley entró en vigor el 31 de diciembre y que, por tanto, en esa fecha ya debería de haberse disminuido la cuota de asesores de los grupos políticos.
Y va más allá, al señalar que «pasado un margen prudencial de tiempo -que no viene especificado en la ley 27/2013- el cumplimiento del nuevo límite es obligado», por lo que «su no aplicación puede derivar en responsabilidad contable por alcance de fondos públicos en cuanto que se estarán abonando unas retribuciones que resultan legalmente improcedentes», según el informe al que ayer tuvo acceso este diario.
Ante estas advertencias, el alcalde Agustín Navarro confirmó ayer que hará caso de lo que dice el documento y procederá al despido de los asesores «sin demora», esto es, entre el lunes y el martes de la próxima semana. No obstante, aunque acatará el dictamen del interventor, el primer edil avanzó ayer que va a solicitar a la Dirección General de Administraciones Públicas o al «órgano que sea competente» una aclaración sobre los plazos legales, al considerar que la nueva ley no es demasiado clara a la hora de fijar los tiempos en el que se tienen que aplicar las medidas.
Un único recorte
La reducción de cargos de confianza es la única medida que tiene que aplicar el Ayuntamiento de Benidorm de las tres que obliga la nueva ley para aliviar el gasto de sus arcas públicas, pues ya cumple con los otros dos aspectos: que el alcalde o los ediles cobren menos de 65.000 ? brutos al año y tener menos de 15 dedicaciones exclusivas.
El primer edil aplicará el recorte del 50% a todos los grupos por igual: el PSOE, con 10 concejales, pasará de 15 a 8 cargos de confianza; el CDL, con tres ediles, de seis a tres; y el PP, en la oposición con 11 concejales, de dos a uno. Liberales y populares ya tiene más o menos claro a quién cesarán. El PSOE lo decidirá el lunes a mediodía.
