En pleno proceso de investigación judicial de la denuncia de la Fiscalía por los contratos realizados por el gobierno socialista de Benidorm durante los años 2010 y 2011, y por la que el alcalde Agustín Navarro tendrá que declarar ante la juez el 5 de marzo en calidad de imputado, la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha dado un duro varapalo a la gestión del Ayuntamiento en esta materia entre los años 2010 y 2012. Un informe elaborado por este órgano auditor constata que en ese periodo se realizaron contratos sin consignación presupuestaria; incorporaciones de personal sin respetar los principios de igualdad, publicidad o méritos; abonos de nóminas sin fiscalización previa por parte del interventor o pagos indebidos a funcionarios y ediles, aspectos que, junto a otras circunstancias, han llevado a este organismo a concluir que reúnen suficientes indicios que podrían incurrir en responsabilidad contable. Por ello, anuncia que notificará dicha consideración al Tribunal de Cuentas para que investigue los hechos y tome alguna decisión al respecto.

El informe de la Sindicatura de Cuentas se centra en la fiscalización de los gastos de personal en el Ayuntamiento de Benidorm durante los años 2011 y 2012, si bien en algunos apartados también hace mención expresa al año 2010, debido a que en esa fecha se produjeron algunos de los incumplimientos que gravaron después las cuentas de los dos años inmediatamente posteriores. En concreto, los auditores recogen que «en el ejercicio 2010 los créditos del capítulo 1 -Personal- fueron insuficientes para cubrir todos los gastos en que realmente se incurrió, generándose un volumen muy importante de gastos efectivamente realizados sin que existiera consignación presupuestaria». O dicho de otra forma, que se produjo un desfase de 2.167.148 euros, que después se cargaron por partes al presupuesto de los años siguientes: 2.143.293 euros en 2011 y los 23.958 restantes en 2012.

Junto a esta desviación, la Sindicatura hace también hincapié en que el presupuesto de 2011 se aprobó con la misma plantilla de 2010, «que ya venía advertida por el interventor como nula por presentar puestos de nueva creación sin consignación presupuestaria», lo que hizo que entre enero y agosto el interventor incluyera un «reparo generalizado» porque «en la nómina había personal no incluido en el presupuesto aprobado, debido principalmente a que personal laboral contratado en 2010 continuaba en 2011 prestando servicios sin tener consignación presupuestaria». Después, de septiembre a diciembre, continuaron los reparos de Intervención, aunque en este caso «por limitación en el alcance por no conocer si existe inadecuación o insuficiencia de crédito», sobre lo que meses más tarde atribuyó a la segunda opción: que no había bastante crédito para atender todos los pagos.

Sobre este asunto, ya en 2012, la Sindicatura indica que el presupuesto municipal se aprobó con «un informe de plantilla con 200 plazas menos» que en 2010 y que en la liquidación de ese año se gastaron 1,7 millones menos de lo que había previsto en la consignación inicial.

Incumplimientos de la norma

Al margen del análisis financiero de la gestión de los gastos de personal, el informe publicado ayer por la Sindicatura de Cuentas constata hasta 18 incumplimientos de la normativa aplicable a la gestión de este departamento.

Uno de ellos, y de los más llamativos, es que «en ningún mes del periodo fiscalizado -2011 a junio de 2013- el Departamento de Recursos Humanos ha facilitado a la Intervención toda la información necesaria para poder fiscalizar las variaciones de la nómina», remitida en muchas ocasiones «el mismo día del pago, imposibilitando la fiscalización previa preceptiva», pese a que la ley obliga a hacerlo 12 días antes del pago. En este apartado, los auditores apuntan a que las reclamaciones del interventor para conocer las variaciones de las nóminas se repiten desde 2008.

Otro de los aspectos en los que la Sindicatura suspende a Benidorm fue por el mecanismo empleado por el gobierno local en 2011 para levantar los reparos del interventor al pago de las nóminas. Hasta julio de ese año fue el alcalde quien alzó todos los «peros» de la intervención, a pesar de que las competencias debían haber correspondido al pleno, un aspecto que se modificó a partir de julio.

El informe pone también en duda el pago de productividades que «no responden a circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo» -en ambos ejercicios, por cerca de 362.000 euros-; de gratificaciones donde no se acredita «los servicios extraordinarios que se retribuyen»; el pago de servicios de bolsa y servicios extraordinarios de la Policía Local; el de trienios sin justificación formal ni posibilidad de fiscalización; o personal con funciones distintas a las asignadas.

Plazas sin necesidad ni urgencia

Meción aparte merece el apartado correspondiente a las contrataciones. El informe de auditoría apunta a que en 2011 se produjeron «diferentes nombramientos de funcionarios que desde la Intervención no se pudieron fiscalizar (...), por lo que de desconoce si existen bases legales para su nombramiento y si se ha seguido el procedimiento legalmente establecido» para su cobertura.

En concreto, entre otros casos observados, la Sindicatura alude a diez plazas de interinos para las que no se acreditó la necesidad ni urgencia, no se convocaron por procedimiento público y no se incluyeron en una oferta de empleo público. En uno de los casos, además, el alcalde concedió por resolución «la retribución específica para un puesto de jefatura» a pesar de que el trabajador no reunía «los requisitos de titulación de la plaza vacante» y «no se justifica ni la excepcionalidad ni la urgente e inaplazable necesidad», por lo que concluye que se cubrió la plaza «sin utilizar ninguno de los procedimientos previstos legalmente».

Por último, la Sindicatura también llama la atención sobre el hecho de que no existe ningún control que permita conocer la asistencia efectiva y duración de permanencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo.